Jueves, 27 Septiembre 2018 14:19

ORGANISMO DE DIRECCIÓN CCR RINDE CUENTAS DE SU PRIMER AÑO DE GESTIÓN

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El Organismo de Dirección de la Corte de Cuentas de la República integrado por la Presidente Carmen Elena Rivas Landaverde; la Primera Magistrada María del Carmen Martínez Barahona y el Segundo Magistrado Roberto Antonio Anzora Quiroz, informaron a la ciudadanía sobre el trabajo realizado durante su primer año de gestión al frente de esta Entidad Fiscalizadora, desde que fueron juramentados por la Asamblea Legislativa el pasado 28 de agosto de 2017.

Durante la apertura del evento, la Presidente Rivas Landaverde destacó, que en el primer año de trabajo, el Organismo de Dirección ha focalizado esfuerzos en sentar las bases y actualizar la normativa que permita ejercer un mejor control del gasto público, “Avanzamos hacia modernas prácticas en el ejercicio del control gubernamental”, “Para ello, hemos contado con el apoyo decidido de Organismo Internacionales que han confiado en nuestro plan de trabajo”, expresó la funcionaria.

Durante el período que se informa la Corte de Cuentas de la República programó 647 Acciones de Control entre auditorías y exámenes especiales, de las cuales han sido remitidas 517, y se ha observado un monto total de $23,589,014.78 en hallazgos de auditoría. Se ejecutaron 118 peritajes, de los cuales 42 fueron requeridos por la Fiscalía General de la República; 8 por los Juzgados del Órgano Judicial; y 68 a solicitud de las Cámaras de Primera Instancia de esta Corte, involucrando a un total de 167 servidores institucionales en el proceso pericial.

En lo concerniente al trabajo realizado por el Área Jurisdiccional: las Cámaras de Primera Instancia emitieron 373 sentencias, como resultado de estas se determinó, según pliegos de reparos, un monto de $21,353,304.19, del cual $9,642,751.84 fueron condenas patrimoniales, y $1,378,145.18 fueron condenas administrativas; y de lo que los auditados lograron justificar en debida forma, fue absuelto un monto total de $11,710,552.35, quedando como resultante un monto condenado de $11,020,897.02.

La Cámara de Segunda Instancia emitió 116 sentencias definitivas, de los cuales 61 son de Municipalidades y 55 son de Instituciones Gubernamentales. La Responsabilidad Patrimonial condenada en el caso de las Municipalidades es de $41 672,977.59 y en el caso de las Instituciones Gubernamentales de $176,094.75.

La Responsabilidad Administrativa condenada en el caso de las Municipalidades es de $271,340.44 y en el caso de las Instituciones Gubernamentales es de $49,933.93.

La Responsabilidad Patrimonial justificada por los cuentadantes,  confirmada en el caso de las Municipalidades es de $890,078.35 y en el caso de las Instituciones Gubernamentales de $11 047,825.59.

La Responsabilidad Patrimonial reformada por haber sido justificada por los cuentadantes, en el caso de las Municipalidades es de $6,514.18; y la Responsabilidad Administrativa en el caso de las Instituciones Gubernamentales, es de $885.77.

De los 116 recursos sentenciados, todos fueron interpuestos por los Servidores Actuantes.

La Cámara de Segunda Instancia emitió 459 Decretos de Sustanciación; 328 Municipales y 131 de Instituciones Gubernamentales; y ha ejecutado 1,821 Actos de Comunicación. De estos fueron 297 Municipales y 136  de Instituciones Gubernamentales.

En cumplimiento al mandato contemplado en la Constitución de la República, en el Código Electoral, así como en la Ley de la Corte de Cuentas de la República, la institución realizó la entrega de 1,487 Constancias Electorales para Alcaldes y 1,256 constancias de Diputados.

Por su parte, la Dirección de Transparencia de esta institución, informó que durante este año de gestión se diligenciaron y dieron respuestas a 228 solicitudes de información, y 1,278 requerimientos generados. Se atendieron además, 136 denuncias ciudadanas. A través de la Dirección de Transparencia se ha promovido además el mecanismo de Participación Ciudadana Estudiantil, a través del Proyecto de Contralorías Escolares, dirigido a los jóvenes de Tercer Ciclo de Centros Educativos públicos, su función está orientada a promover y actuar para el buen uso de los recursos y bienes públicos fomentando la transparencia.

 















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