La Presidente de la Entidad Fiscalizadora Superior, Licda. Carmen Elena Rivas Landaverde, hizo la divulgación del Anteproyecto de Reforma Integral a la Ley de la Corte de Cuentas de la República, una propuesta que revolucionará la manera de hacer la fiscalización gubernamental en el país.
Con la asistencia de más de 150 personas representantes de la Asamblea Legislativa, sociedad civil, organismos internacionales, instituciones de la Administración Pública, fundaciones y gremiales empresariales, embajadas acreditadas en el país, y universidades, la Presidente Rivas Landaverde detalló los 144 artículos que conforman la propuesta, destacándose 20 artículos nuevos.
En septiembre de 1995, por decreto legislativo se da vida a la Ley actual de la CCR, la cual regula el funcionamiento, la jurisdicción, las competencias y el régimen administrativo del Ente Rector del Sistema Nacional de Control y Auditoría de la Gestión Pública; pasados 23 años, el quehacer de la CCR sigue rigiéndose por esa misma ley.
La Presidente de la CCR dio a conocer que “dicha propuesta fue posible con la colaboración de aliados estratégicos que apuestan por el desarrollo de nuestro país en materia de transparencia, abanderados por los Objetivos de Desarrollo Sostenible 16 y 17, tales como: El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que, a través del apoyo de consultores expertos en materia de fiscalización gubernamental, articuló la actualización de las Normas de Auditoría Gubernamental, divulgadas en el año 2018; y actualmente se encuentra prestándonos su invaluable colaboración para elaborar el Manual de Auditoría Gubernamental, así como la implementación del Sistema Integrado de Control de Auditorías (SICA) y el fortalecimiento de las capacidades del talento humano de alto nivel, destacado en el Área de Auditoría, como parte de la verificación del estado de avance del mencionado Sistema.”
Y añadió que “Por su parte, USAID, sin escatimar esfuerzos colaboró en el levantamiento del Diagnóstico del Área de Auditoría de la Corte, designando un experto chileno para tal efecto; mientras que la Cooperación Española (AECID) ha apoyado en la realización del Diagnóstico del Área Jurisdiccional, designando para ello a expertos en materia de fiscalización pública, pertenecientes al Tribunal de Cuentas de España, quienes fueron recibidos por esta Presidencia para trabajar en intensas jornadas que, como pueden apreciar, ahora rinden mayores frutos. Dichos productos permitieron a esta Presidencia preparar a lo largo de este año la propuesta que ahora se presenta con el firme propósito de abonar a la modernización del Estado, por estar basada en criterios técnicos vertidos y deliberados por los asesores de esta Presidencia, directores de auditoría, jueces de cuentas, colaboradores y técnicos involucrados en la ejecución de los procesos misionales, a quienes agradezco su participación y aportes”, reseñó la funcionaria.
Finalmente, la Presidente dio a conocer que, a partir del 23 de julio, se abre un proceso de consulta a la ciudadanía y que para ello el anteproyecto y la exposición de motivos, pueden ser descargados en la plataforma Legisla (https://participacion.iaip.gob.sv), del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), con el apoyo del Organismo de Mejora Regulatoria (OMR).
