Los fondos asignados en el Ejercicio Fiscal 2020 a las municipalidades por medio de los Decretos Legislativos 650 y 687 para hacer frente a la Pandemia por COVID-19 y a las Tormentas Amanda y Cristóbal, y que ascienden a un monto de $191 millones (191,700,000.00) dólares, están siendo auditados en el Plan de Auditoría 2021, a través de 138 acciones de control, de las cuales 32 se encuentran finalizadas, teniendo como resultado 68 hallazgos que han generado un cuestionamiento patrimonial que asciende a $4,056,338.44 dólares, mismo que se encuentran en la fase de Juicio de Cuentas.

De las citadas 138 Acciones de Control, han sido sujetos a examen $88,238,406.35 de las cuales 32 se encuentran finalizadas por un monto de $21,326,455.98, y en ejecución 76 por un monto de $66,911,950.37 que equivale a un 46 por ciento del total asignado a las municipalidades.

Es relevante informar a la población que los $75 millones aprobados por la Asamblea Legislativa a mediados de 2020 y disponibles desde agosto, fueron asignados por el Ministerio de Hacienda hasta noviembre de ese año. En ese sentido las auditorías se han ido realizando de manera oportuna a partir de las transferencias de esos fondos a las comunas y que para el manejo de los mismos, esta Entidad emitió la normativa pertinente para la rendición de cuentas, en cumplimiento al mandato Constitucional que establece la fiscalización a posteriori por la Corte de Cuentas de la República.

Es importante destacar que toda esa información relacionada a las auditorías finalizadas se encuentran disponibles para el público en el Portal de Transparencia Institucional: https://www.cortedecuentas.gob.sv/index.php/es/transparencia en la sección de los resultados de fiscalización y donde se encuentran ordenados por año y Dirección de Auditoría; así como que el resto de los fondos pendientes de auditar serán contemplados dentro del Plan de Auditoría 2022.

Declaramos que como Institución estamos comprometidos en realizar nuestras funciones de manera técnica, profesional e independiente, con la finalidad de garantizar que los fondos públicos sean adecuadamente administrados, destinados e invertidos en obras y servicios de beneficio para los salvadoreños, así como para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas.