En el marco de la Transparencia y a efecto de dar a conocer a la población en General el trabajo desarrollado a la fecha por la Corte de Cuentas de la República MANIFESTAMOS:

En el rol de Magistrados de Cámara de Segunda Instancia, nos enorgullece hacer del conocimiento público que a la fecha, se han tenido avances significativos en la sustanciación de más de 150 Juicios de Cuentas que son del conocimiento de la Cámara de Segunda Instancia, por haber sido recurridos por los funcionarios en el ejercicio de su derecho a recurrir de las Sentencias de primera Instancia, en este monto, se encuentran reflejados tanto Procesos Jurisdiccionales alzados a través de Apelación, Recursos de Revisión, Sentencias y los de Sustanciación Ordinaria, aclarando en este momento que la Administración anterior en siete meses, no sustancio ninguno.  

Con aproximadamente 3 meses de gestión, el Organismo de Dirección de este Ente Contralor ha enfocado sus esfuerzos en colaborar con la Institución encargada de llevar a cabo el Proceso Electoral del país, habiendo entregado a la fecha un total de 2322 Constancias Electorales, de candidatos políticos partidarios y no partidarios que lo han solicitado; lo anterior no ha significado un retraso en las demás facultades constitucionales que posee esta Corte, por el contrario, La Ley de la institución permite auditar a las empresas de economías mixtas y todas aquellas Instituciones públicas y privadas que reciban asignaciones del Estado. Los magistrados reiteraron su compromiso por la transparencia y el buen manejo de los recursos públicos y en ese orden, será prioridad, enfocar la Auditoría a tales recursos.

Por decisión colegiada de los magistrados de la Corte de Cuentas de la República, la institución iniciará en enero 2018 las auditorías con especial énfasis a aquellas instituciones privadas que reciben asignaciones de fondos públicos con el objeto de fortalecer la fiscalización a tales asignaciones.

El acuerdo unánime de los magistrados va en sintonía a lo que les mandata la ley de la institución de la Corte, que los autoriza a fiscalizar y controlar todas las entidades estatales, organismos, sociedades o empresas cuyo capital esté integrado en parte o totalmente con dinero del Estado.

A criterio de los actuales magistrados, la Corte de Cuenta,s tiene toda la potestad legal de proceder con dichas auditorías, ya que el Artículo 3 de su ley indica que “la jurisdicción de la Corte alcanza también a las actividades de entidades, organismos y personas que (…) reciban asignaciones, privilegios o participaciones ocasionales de recursos públicos”, y el Art. 110 de esa misma normativa en sus numerales 2 y 4 establece que se consideran del sector público “las instituciones autónomas estatales y sus dependencias” y “las sociedades o empresas cuyo capital esté integrado en el ciento por ciento de aportes de las entidades y organismos determinados en los numerales anteriores”.

El anuncio de auditar con mayor énfasis, a dichas Entidades, es reflejo del compromiso que los tres magistrados tienen con la transparencia y el buen manejo de los recursos del Estado. Los funcionarios confían que tendrán toda la colaboración necesaria de las mismas, para llevar a cabo su trabajo.

La Corte de Cuentas de la República revelará los resultados de las referidas auditorías una vez éstas hayan concluido.