La Corte de Cuentas de la República presentó 10 avisos ante la Fiscalía General de la República, por el presunto cometimiento de ilícitos en el uso de recursos públicos asignados a igual número de municipalidades para atender la pandemia por COVID-19 y las tormentas tropicales Amanda y Cristóbal, de acuerdo con los decretos legislativos 650 y 687, cuyo monto total cuestionado asciende a $7,110,990.68.

Los fondos fueron asignados a cuatro alcaldías del departamento de San Salvador, tres de San Vicente, una de Chalatenango, una de Cuscatlán y una de La Libertad, mientras que los períodos observados en las auditorías corresponden a gestiones municipales que iniciaron el 1 de mayo del 2018 y finalizaron el 30 de abril del 2021.

Entre las observaciones hechas destacan la erogación de fondos para pagos de proyectos, así como adquisiciones de productos y servicios que no estaban relacionados con la pandemia; traslado de fondos COVID-19 a cuentas del FODES para pagos de planillas de salarios, dietas, gastos de representación, compensaciones económicas; así como no se encontraron evidencias de los procesos de compras y se detectaron deficiencias en las licitaciones.

Con dichos avisos se da cumplimiento al artículo 8-A, numeral 6 de la Ley de la CCR que establece la obligación de “comunicar inmediatamente por medio del funcionario que esta designe al Fiscal General de la República, de los posibles ilícitos penales que se adviertan en razón del ejercicio de las atribuciones de la Corte.”

Los posibles ilícitos denunciados se refirieron a actos arbitrarios, administración fraudulenta y malversación, entre otros.