El presidente de la Corte de Cuentas de la República (CCR), Walter Salvador Sosa Funes, junto a los magistrados Julio Guillermo Bendek Panameño y José Rodrigo Flores Ramos, presentó ante la Asamblea Legislativa el Informe de Labores 2025.

La entrega del documento se realizó durante la sesión plenaria ordinaria N.° 102, en cumplimiento de lo establecido en el Art. 199 la Constitución y Art. 111 del Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa. El informe fue recibido por el presidente del Órgano Legislativo, Ernesto Castro.

Entre los principales resultados- el informe de labores- destaca la realización de 656 auditorías, que dejaron un total de 2,285 hallazgos. Además, se ejecutó el Plan Masivo de Fiscalización, mediante el cual se llevaron a cabo más de 100 auditorías financieras en cuatro empresas públicas y 16 ministerios, logrando que estas instituciones quedaran auditadas hasta el año 2024.

También se elaboraron 60 peritajes solicitados por la Fiscalía General de la República, tribunales del Órgano Judicial y cámaras de Primera Instancia de la CCR, como parte de los esfuerzos para combatir el fraude y la corrupción. A esto se suma la evaluación de 344 proyectos de obra pública y la emisión de 343 sentencias- por parte de las cámaras de Primera Instancia-, que representan un monto condenado de $26,222,999.30.

En paralelo, la CCR impulsó planes de fiscalización para supervisar el uso de vehículos nacionales durante los periodos vacacionales, la modernización de la Unidad de Notificaciones y la creación de la Dirección Anticorrupción. Asimismo, se avanzó en la implementación del Sistema de Gestión Antisoborno y en el fortalecimiento de alianzas con distintas instituciones del Estado como: Consejo Nacional de Calidad del Ministerio de Economía, Fiscalía General de la República, Procuraduría General de la República, Registro Nacional de las Personas Naturales, Centro Nacional de Registros,  Instituto de Acceso a la Información Pública, Escuela Superior de Innovación en la Administración Pública y el Tribunal de Ética Gubernamental.

Las autoridades de la CCR reafirmaron su compromiso de seguir fiscalizando el uso de los recursos públicos con independencia, rigor técnico y profesionalismo, aportando así a una gestión más transparente en beneficio de la población salvadoreña.

Como parte de sus esfuerzos por promover la transparencia en la gestión pública, la Corte de Cuentas de la República (CCR) capacitó a 27 servidores públicos de distintas instituciones del Estado.

Entre las entidades participantes se encuentran el Centro Nacional de Registros (CNR), el Banco de Desarrollo de El Salvador (BANDESAL), el Instituto Nacional de los Deportes (INDES), la Autoridad de Aviación Civil (AAC), el Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial (ISBM), la Escuela Nacional de Agricultura (ENA) y el Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA).

La capacitación se desarrolló en el Centro de Instrucción y Capacitación (CINCAP) y estuvo a cargo del jefe del Departamento de Acceso a la Información Pública de la CCR. Durante la jornada se abordaron temas como las funciones de la institución, los procesos de auditoría, el juicio de cuentas, la determinación de responsabilidades y la importancia de aplicar buenas prácticas en el servicio público.

Uno de los participantes destacó la relevancia de estos espacios, "es indispensable para nosotros los servidores del Estado tener conocimientos sobre la institución fiscalizadora, sus facultades y sanciones, información que en algún momento se nos va a requerir a nosotros en una auditoría", manifestó.

La Corte de Cuentas de la República (CCR) desarrolla actualmente un examen especial en los distritos de San José Guayabal, San Bartolomé Perulapía, Oratorio de Concepción, Suchitoto y San Pedro Perulapán, que conforman el municipio de Cuscatlán Norte.

La auditoría abarca el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025 y está enfocada en verificar el uso adecuado de recursos como el fondo circulante, el combustible y los vehículos institucionales.

“Nos encontramos en la fase de verificación de los procesos relacionados con el fondo circulante, finanzas, tesorería, administración general y transporte. Además, revisamos las misiones oficiales emitidas, las bitácoras de recorrido de los vehículos institucionales y el control de vales de gasolina”, explicó la jefa del equipo auditor de la Regional de la CCR en Vicente.

Con este tipo de acciones, la CCR busca asegurar que los recursos públicos sean utilizados de manera correcta y conforme a la normativa vigente.

El Primer Magistrado Julio Guillermo Bendek Panameño, junto a 14 profesionales de la Corte de Cuentas de la República (CCR), participará como facilitador del módulo sobre Fiscalización Gubernamental en la segunda edición del Postgrado de Ética, Integridad y Lucha contra la Corrupción, organizado por el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG), que se desarrollará entre abril y noviembre de este año.

Según explicó el magistrado Bendek, “En dicho módulo lo que buscaremos es que los participantes en el postgrado conozcan los dos procesos misionales de auditoría y juicio de cuentas, para que de esta manera puedan tener una visión clara de los beneficios, las fases, la lógica y los criterios de un proceso de fiscalización”.

Como parte de la preparación, recientemente se llevó a cabo un Taller de Retroalimentación y Actualización Didáctica en el Centro de Instrucción y Capacitación (CINCAP), dirigido a los facilitadores del postgrado. La jornada estuvo enfocada en fortalecer habilidades pedagógicas y metodológicas, con el fin de garantizar una formación sólida y actualizada en materia de prevención y lucha contra la corrupción, integridad institucional y Estado de Derecho.

Además del magistrado Bendek, en el equipo de facilitadores participan coordinadores, jueces de cuentas, directores y subdirectores de auditoría de la CCR.

En el taller también participaron representantes de distintas instituciones del Estado, entre ellas el Tribunal de Ética Gubernamental, la Corte Suprema de Justicia, el Centro Nacional de Registros, el Ministerio de Hacienda, la Fiscalía General de la República, la Comisión Nacional de Activos Digitales y la Procuraduría General de la República.

Auditores y técnicos del Departamento Técnico para el Control de la Obra Pública (DECOP) de la Corte de Cuentas de la República realizaron una verificación en el proyecto de construcción del puente General Manuel José Arce, infraestructura que conectará a El Salvador con Guatemala en el paso fronterizo de La Hachadura–Pedro de Alvarado, en el municipio de San Francisco Menéndez, departamento de Ahuachapán.

“Estas actividades de fiscalización se dan en el marco de un examen especial al contrato de préstamo suscrito con el Banco Centroamericano de Integración Económica y el Banco Nacional de Comercio Exterior, para financiar la ejecución del Programa de Mejoramiento de la Infraestructura Vial Estratégica de los departamentos de Ahuachapán, Santa Ana y La Libertad, ejecutado por el Ministerio de Obras Públicas y de Transporte (MOPT), de julio de 2021 a marzo de 2026”, dio a conocer el técnico operativo del DECOP.

Con esta revisión, la Corte de Cuentas busca constatar que los recursos provenientes de financiamiento internacional se utilicen conforme a lo establecido en los contratos y a la normativa vigente, garantizando transparencia y un adecuado manejo de los fondos destinados a proyectos de infraestructura.

Un equipo de auditores de la Corte de Cuentas de la República desarrolla un examen especial para revisar el manejo de fondos circulantes, combustible y vehículos nacionales en los distritos que integran el municipio de Cabañas Este. La evaluación corresponde al período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025.

"Estamos en la fase de ejecución, ya tenemos asignados los programas y procedimientos a realizar por los compañeros auditores y se ha solicitado a los diferentes distritos toda la información correspondiente", explicó el jefe del equipo auditor.

La auditoría incluye los distritos de Sensuntepeque, Guacotecti, San Isidro, Victoria y Villa Dolores. Esta acción de control se realiza en el marco de las facultades de fiscalización de la institución y tiene como propósito verificar que los recursos públicos se administren de manera adecuada y conforme a la normativa que rige la gestión municipal.

En un hecho histórico, la Corte de Cuentas de la República (CCR) recibió por parte del Organismo Salvadoreño de Normalización (OSN) la certificación internacional ISO 37001:2016, por la aplicación del Sistema de Gestión Antisoborno (SGAS) en sus procesos de auditoría, juicio de cuentas y administrativos.

 "Esta certificación, aparte del orgullo que nos provoca, también es un aliciente para todos los que laboramos en esta Entidad Fiscalizadora Superior para seguir cumpliendo nuestro compromiso de cero tolerancia al soborno", externó el Presidente Walter Salvador Sosa, en presencia del Primer Magistrado Julio Guillermo Bendek y del Segundo Magistrado, José Rodrigo Flores Ramos.

 Para establecer una clara postura de cero tolerancia al soborno dentro de la institución, el Organismo de Dirección aprobó recientemente su Política Antisoborno y la Política de Gestión de Regalos, Hospitalidades, Donaciones y Beneficios Similares que están siendo aplicadas en todas las áreas de la Corte.

 El Mtro. Sosa también dio a conocer que ambas políticas se han traducido al idioma inglés y al sistema braile, "para que el mensaje de integridad y rechazo al soborno pueda llegar a todos, sin excepción".

 La certificación fue entregada por la directora del OSN, Yanira Colindres, quien con la auditora líder, María del Carmen Beltrán, llevaron a cabo la auditoría en la CCR con el apoyo de los integrantes de la Función de Cumplimiento y del Equipo Implementador del SGAS, que estuvieron presentes en el acto.

 "La Corte de Cuentas es la principal y la primera parte interesada que citan todas las instituciones públicas en todas las matrices de riesgo, así que ahora que reciben la certificación estoy segura de que las demás instituciones del Estado estarán pendientes de su liderazgo", resaltó la Ing. Colindres.  

Al final del acto se entregó a los invitados una pulsera con el mensaje sencillo, pero poderoso: "CCR no al soborno", que representa la responsabilidad de cada servidor con la integridad y la honestidad en el ejercicio de sus funciones.

La Corte de Cuentas de la República (CCR) inició la auditoría externa a su Sistema de Gestión Antisoborno (SGAS), como parte del proceso de certificación bajo la norma ISO 37001:2016.

Este proceso comenzó con una reunión de apertura entre el Organismo de Dirección de la CCR y autoridades del Organismo Salvadoreño de Normalización (OSN).

En la primera fase se desarrolló una revisión documental en distintas unidades organizativas, donde el equipo auditor del OSN evaluó matrices de riesgo, controles internos y la incorporación del SGAS en los procesos estratégicos, misionales y de apoyo a la institución.

Posteriormente, la auditoría avanzó a una segunda fase con entrevistas al talento humano y visitas presenciales y virtuales a diversas dependencias, con el objetivo de verificar la aplicación efectiva de la política antisoborno y el nivel de apropiación de los lineamientos establecidos en la norma.

Con el cierre de esta etapa, el OSN concluyó formalmente la auditoría externa- al SGAS de la CCR como parte del proceso de certificación bajo estándares internacionales-, consolidando un sistema orientado a fortalecer la confianza pública y reafirmar el compromiso institucional con la integridad, la transparencia y la mejora continua.

La Corte de Cuentas de la República (CCR) y el Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP) suscribieron una carta de entendimiento que oficializa el traslado del Registro de Personal de la Administración Pública al Instituto, dando cumplimiento a un mandato legal histórico en beneficio de la ciudadanía.

El documento fue firmado por el presidente de la CCR, Walter Salvador Sosa, y el titular del ISP, Marlon Vásquez, en presencia de los magistrados Julio Bendek y José Rodrigo Flores.

Como parte del proceso, la CCR entregará más de 2,600 cajas que contienen planillas y constancias de tiempos de servicio, documentación que será administrada por el ISP.

“Este proceso no se limita a la transferencia física de documentos, más bien representa una transición ordenada, con garantías de integridad, trazabilidad y resguardo de la información, asegurando la continuidad del servicio, sin afectar los derechos de los usuarios”, puntualizó el Presidente Sosa.

Con esta acción se da cumplimiento al Decreto Legislativo N.° 438, emitido el 31 de agosto de 1995, que estableció el traslado del Registro al entonces Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos, hoy ISP.

Esta articulación interinstitucional fortalece la modernización del Estado y contribuye a mejorar la gestión de los servicios públicos en favor de la población.

Personal de la Dirección de Auditoría Regional de San Miguel de la Corte de Cuentas de la República inició una auditoría financiera al Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima, en el departamento de La Unión.

La jefa de equipo explicó que, “durante la ejecución de la acción de control en este centro hospitalario se evaluarán las cifras de los estados financieros, el sistema de control interno y el cumplimiento de la normativa legal aplicable al período auditado”.

El equipo auditor verificará la razonabilidad de las cifras presentadas, a fin de determinar que reflejen fielmente la situación económica y financiera del centro hospitalario.

Este proceso busca fortalecer la transparencia y asegurar el adecuado uso de los recursos públicos destinados a la atención en salud.