La Corte de Cuentas de la República (CCR) fue escenario de la inauguración de la segunda edición del Postgrado en Ética, Integridad y Lucha contra la Corrupción, un espacio formativo que se desarrollará durante los próximos ocho meses en el Centro de Instrucción y Capacitación de la CCR.

El acto contó con la participación del presidente de la CCR, Walter Salvador Sosa, los magistrados Julio Guillermo Bendek y José Rodrigo Flores, quienes acompañaron a representantes de diversas entidades públicas.

El postgrado, organizado por el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) con el respaldo académico de la Universidad Francisco Gavidia (UFG), reúne a 53 servidores públicos provenientes de 20 instituciones del Estado, entre ellas la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General de la República, la Corte de Cuentas de la República, la Procuraduría General de la República, el Consejo Nacional de la Judicatura, el Instituto de Acceso a la Información Pública, el Centro Nacional de Registros, el Tribunal de Ética Gubernamental y distintas dependencias del Órgano Ejecutivo.

Durante su intervención, el presidente Sosa destacó que este tipo de iniciativas trascienden la formación técnica, al promover una reflexión constante sobre el rol del servidor público. "Este espacio no sólo nos reúne para aprender, sino también, para reflexionar sobre el compromiso que asumimos como servidores públicos, un compromiso que nos involucra a todos y que nos exige actuar siempre con los más altos estándares de transparencia y rendición de cuentas", expresó

El postgrado está estructurado en ocho módulos impartidos por especialistas en distintas áreas, con el objetivo de fortalecer las capacidades de quienes integran la Administración Pública.

“Debo destacar que, como Entidad Fiscalizadora Superior, nos sentimos muy orgullosos de aportar a este esfuerzo con un grupo de talentosos servidores de nuestra institución. Ellos, bajo el liderazgo y la coordinación del Magistrado Bendek, tendrán a su cargo el desarrollo del módulo ´La fiscalización y su impacto en la gestión pública´. Y es que hablar del manejo de los recursos públicos es hablar, necesariamente, de integridad. Por eso, este tema resulta fundamental en el fortalecimiento de una gestión pública responsable y transparente”, enfatizó el Presidente Sosa.

La Corte de Cuentas de la República (CCR) dio inicio a un examen especial en el municipio de La Unión Sur, correspondiente al período comprendido entre el 1 de mayo de 2024 y el 31 de diciembre de 2025.

“El objetivo de la acción de control es verificar la legalidad y pertinencia de los egresos municipales relacionados con la adquisición de bienes y servicios, remodelaciones y desarrollo de programas sociales; para lo cual hemos solicitado la normativa interna, la documentación y los expedientes de proyectos, convenios y contratos llevados a cabo para evaluar el manejo de los fondos por parte de la municipalidad”, explicó la jefa de equipo de la sede regional en San Miguel.

De forma paralela, un segundo equipo de la Dirección de Auditoría Regional de San Miguel desarrolla otro examen especial enfocado en los ingresos municipales del mismo período. Actualmente, esta acción se encuentra en fase de planificación, etapa en la que se ha solicitado información sobre inmuebles y registros de ingresos para verificar su correcta administración.

“Nos encontramos en la fase de planificación, para ello, hemos solicitado el detalle de los inmuebles y una muestra de los recibos de los ingresos percibidos por los distritos para verificar la integridad, el adecuado registro y custodia de los fondos durante el período señalado”, explicó la jefa de equipo.

Posteriormente, en la fase de ejecución, los auditores profundizarán en el análisis de la información recopilada.

Con estas acciones, la CCR reafirma su labor de fiscalizar el uso de los fondos públicos y contribuir al fortalecimiento de una gestión transparente en beneficio de la ciudadanía.

La Corte de Cuentas de la República (CCR) participó en la primera reunión virtual de la Comisión de Participación Ciudadana (CPC) de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS).

En representación de la CCR participó el jefe del departamento de Acceso a la Información, oficial de información y delegado de protección de datos y el jefe del departamento de Atención de Denuncias.

El jefe del departamento de Acceso a la Información Pública especificó que se lograron los objetivos de “presentar y alinear las actividades contempladas en el Plan Operativo Anual 2026 de la CPC, además de compartir las acciones paralelas impulsadas por la Presidencia de la Comisión, que actualmente está a cargo del Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) de Brasil”.

 De igual manera, indicó que se fortalecieron los vínculos entre las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) de la región y se potencia a la CCR en el ámbito internacional. También, subrayó la relevancia de estos encuentros en el contexto institucional, especialmente ante el impulso de iniciativas vinculadas a la participación ciudadana y la recepción de denuncias.

 Por su parte, el jefe de Atención a Denuncias expresó que la participación virtual en este evento permitió dar visibilidad al trabajo de la CCR, así como conocer, retomar y adecuar a nuestro contexto social nuevas experiencias que contribuyan al crecimiento institucional.

En la reunión participaron delegados de las EFS de México, República Dominicana, Colombia, Argentina, Costa Rica, Brasil, El Salvador y Venezuela, entre otros.

Como parte de su apuesta por la mejora continua, la Corte de Cuentas de la República (CCR) participó en una reunión virtual de la Comisión de Evaluación del Desempeño e Indicadores de Rendimiento (CEDEIR), impulsada por la Auditoría General de la Nación de Argentina.

Este encuentro reunió a representantes de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) de Argentina, Brasil, Chile, México, República Dominicana, Uruguay, Perú, Guatemala y El Salvador; quienes discutieron aspectos relativos a la mejora de la gestión institucional y de los procesos de auditoría.

 La subdirectora de Planificación y Desarrollo Institucional señaló que “durante la reunión conocimos los resultados del Plan Operativo Anual 2025, así como la proyección para el 2026, también se abordaron iniciativas para el fortalecimiento de la calidad de la auditoría, tal como la organización de un seminario de herramientas de gestión de calidad, según la norma ISSAI 140”.

Además, en este intercambio se destacaron la relevancia de estos espacios de coordinación internacional que permiten compartir buenas prácticas y mantener una actualización constante en temas clave para el fortalecimiento del control gubernamental.

“La importancia de estas reuniones es que nosotros mantenemos siempre la relación con la Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores, INTOSAI, y con la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores, OLACEFS y sus comisiones, a fin de retroalimentarnos sobre buenas prácticas para la mejora continua”, dijo, por su parte, la directora.

La CEDEIR es un órgano técnico de la OLACEFS dedicado a promover el conocimiento en evaluación del desempeño, gestión estratégica y control dentro de las entidades fiscalizadoras superiores de la región.

La Corte de Cuentas de la República (CCR) finalizó la XXI Auditoría Interna de Calidad, un proceso clave para evaluar cómo se están cumpliendo los estándares establecidos en la norma ISO 9001:2015 dentro de la institución.

La evaluación fue coordinada por la Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional- a través del Departamento para la Modernización y Gestión de la Calidad- y abarcó 21 unidades organizativas; así como comités de auditoría, juicio de cuentas y áreas administrativas y de apoyo. La selección se realizó con base en el desempeño de sus procesos y resultados de controles similares efectuados durante 2025.

Durante la auditoría se revisaron aspectos como la documentación de los procesos, el cumplimiento de los planes de trabajo en los plazos establecidos y el funcionamiento de la estructura de calidad conforme a la normativa vigente.

“Este método es un requisito de obligatorio cumplimiento, previo a someternos a una auditoria externa, en este caso es bajo la norma ISO 9001:2015. Asimismo, nos permitió verificar el desempeño dentro de los procesos institucionales garantizando que el talento humano trabaje bajo los estándares que la CCR ha establecido, comprendiendo las políticas, los objetivos y su contribución a la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad (SGC)”, expresó la Directora de Planificación y Desarrollo Institucional.

Este proceso también permite identificar oportunidades de mejora y aplicar acciones correctivas a tiempo, como parte de la preparación para futuras certificaciones.

La Corte de Cuentas de la República (CCR) inició un examen especial en la Escuela Especializada en Ingeniería ITCA–FEPADE, Regional Santa Ana, para verificar el uso de fondos públicos destinados a programas educativos dirigidos a jóvenes de escasos recursos.

La auditoría, ejecutada por el equipo regional de Santa Ana, abarca los periodos fiscales 2024 y 2025 y se enfoca en la gestión de los recursos asignados por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (MINEDUCYT).

 “Estamos auditando la gestión financiera de los fondos que el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (MINEDUCYT) otorgó a esta institución autónoma para el desarrollo del Modelo Educativo Gradual de Aprendizaje Técnico y Tecnológico (MEGATEC); mediante el cual jóvenes de recursos limitados reciben becas, alimentación y apoyo para transporte para que puedan continuar sus estudios técnico vocacionales”, indicó un auditor.

A través de este tipo de fiscalización, la CCR busca asegurar que estos recursos cumplan su propósito: facilitar oportunidades de formación en áreas como informática, turismo, industria, electricidad, construcción y mecánica, entre otras, para jóvenes de la zona occidental.

Auditores de la Corte de Cuentas de la República (CCR) ejecutan un examen especial en el municipio de Sonsonate Este, enfocado en revisar el manejo de los recursos financieros y el cumplimiento de la normativa vigente.

“Para el desarrollo de esta acción de control se ha requerido a la administración municipal la documentación del área financiera: contratos de personal y la información de proyectos ejecutados del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025, con el propósito de verificar la legalidad, la transparencia del uso de los recursos públicos y que cada operación se encuentre debidamente respaldada”, explicó el jefe de equipo de la Regional de la CCR con sede en Santa Ana.

La Corte de Cuentas de la República (CCR) desarrolló una jornada de capacitación en coordinación con la Dirección de Protección de Datos Personales (DPDP) de la Agencia de Ciberseguridad del Estado, como parte de su estrategia para fortalecer las competencias del talento humano frente a los desafíos del entorno digital.

Este proceso formativo estuvo dirigido a coordinadores, directores, jueces y jefaturas de la Corte de Cuentas, y contó con el acompañamiento del Presidente de esta Entidad Fiscalizadora, Walter Salvador Sosa, y del Segundo Magistrado, José Rodrigo Flores.

En este contexto, el Presidente Sosa manifestó que “ya contamos con una nueva Política Institucional de Protección de Datos Personales plenamente alineada con el marco legal vigente y con estándares internacionales en materia de resguardo de la información. Este avance refleja nuestra visión de entender que formamos parte de un engranaje institucional más amplio, en el que el trabajo conjunto es indispensable. Una institución moderna no sólo se adapta, sino que se anticipa, evoluciona y responde con firmeza a los desafíos de su tiempo”.

Este esfuerzo se enmarca en la aprobación, en noviembre de 2024, de la Ley de Ciberseguridad y Seguridad de la Información y la Ley de Protección de Datos Personales, normativas que han elevado en el país los estándares en el manejo de la información y exigen a las instituciones públicas adecuar sus procesos para garantizar una mayor protección de los datos.

Como parte de su labor de fiscalización, la Corte de Cuentas de la República desarrolla un examen especial en el municipio de Cabañas Oeste, enfocado en el uso del fondo circulante, consumo de combustible y gestión de vehículos nacionales.

La auditoría es ejecutada por la Dirección de Auditoría Regional de San Vicente y corresponde al ejercicio fiscal 2025, encontrándose actualmente en fase de ejecución.

“En este momento nos encontramos en la fase de ejecución de esta acción de control aplicable al ejercicio fiscal 2025, se están efectuando procedimientos en busca de puntos más específicos que servirán para presentar el borrador final “, expresó el jefe del equipo auditor. 

La auditoría incluye a los distritos de Ilobasco, Tejutepeque, Cinquera y Jutiapa que conforman dicho municipio. 

Con estas acciones, la CCR reafirma su compromiso de garantizar el uso eficiente, transparente y responsable de los recursos del Estado, contribuyendo al fortalecimiento de la gestión pública a nivel territorial.

El presidente de la Corte de Cuentas de la República (CCR), Walter Salvador Sosa Funes, junto a los magistrados Julio Guillermo Bendek Panameño y José Rodrigo Flores Ramos, presentó ante la Asamblea Legislativa el Informe de Labores 2025.

La entrega del documento se realizó durante la sesión plenaria ordinaria N.° 102, en cumplimiento de lo establecido en el Art. 199 la Constitución y Art. 111 del Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa. El informe fue recibido por el presidente del Órgano Legislativo, Ernesto Castro.

Entre los principales resultados- el informe de labores- destaca la realización de 656 auditorías, que dejaron un total de 2,285 hallazgos. Además, se ejecutó el Plan Masivo de Fiscalización, mediante el cual se llevaron a cabo más de 100 auditorías financieras en cuatro empresas públicas y 16 ministerios, logrando que estas instituciones quedaran auditadas hasta el año 2024.

También se elaboraron 60 peritajes solicitados por la Fiscalía General de la República, tribunales del Órgano Judicial y cámaras de Primera Instancia de la CCR, como parte de los esfuerzos para combatir el fraude y la corrupción. A esto se suma la evaluación de 344 proyectos de obra pública y la emisión de 343 sentencias- por parte de las cámaras de Primera Instancia-, que representan un monto condenado de $26,222,999.30.

En paralelo, la CCR impulsó planes de fiscalización para supervisar el uso de vehículos nacionales durante los periodos vacacionales, la modernización de la Unidad de Notificaciones y la creación de la Dirección Anticorrupción. Asimismo, se avanzó en la implementación del Sistema de Gestión Antisoborno y en el fortalecimiento de alianzas con distintas instituciones del Estado como: Consejo Nacional de Calidad del Ministerio de Economía, Fiscalía General de la República, Procuraduría General de la República, Registro Nacional de las Personas Naturales, Centro Nacional de Registros,  Instituto de Acceso a la Información Pública, Escuela Superior de Innovación en la Administración Pública y el Tribunal de Ética Gubernamental.

Las autoridades de la CCR reafirmaron su compromiso de seguir fiscalizando el uso de los recursos públicos con independencia, rigor técnico y profesionalismo, aportando así a una gestión más transparente en beneficio de la población salvadoreña.