Auditores y técnicos del Departamento Técnico para el Control de la Obra Pública (DECOP) de la Corte de Cuentas de la República realizaron una verificación en el proyecto de construcción del puente General Manuel José Arce, infraestructura que conectará a El Salvador con Guatemala en el paso fronterizo de La Hachadura–Pedro de Alvarado, en el municipio de San Francisco Menéndez, departamento de Ahuachapán.

“Estas actividades de fiscalización se dan en el marco de un examen especial al contrato de préstamo suscrito con el Banco Centroamericano de Integración Económica y el Banco Nacional de Comercio Exterior, para financiar la ejecución del Programa de Mejoramiento de la Infraestructura Vial Estratégica de los departamentos de Ahuachapán, Santa Ana y La Libertad, ejecutado por el Ministerio de Obras Públicas y de Transporte (MOPT), de julio de 2021 a marzo de 2026”, dio a conocer el técnico operativo del DECOP.

Con esta revisión, la Corte de Cuentas busca constatar que los recursos provenientes de financiamiento internacional se utilicen conforme a lo establecido en los contratos y a la normativa vigente, garantizando transparencia y un adecuado manejo de los fondos destinados a proyectos de infraestructura.

Un equipo de auditores de la Corte de Cuentas de la República desarrolla un examen especial para revisar el manejo de fondos circulantes, combustible y vehículos nacionales en los distritos que integran el municipio de Cabañas Este. La evaluación corresponde al período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025.

"Estamos en la fase de ejecución, ya tenemos asignados los programas y procedimientos a realizar por los compañeros auditores y se ha solicitado a los diferentes distritos toda la información correspondiente", explicó el jefe del equipo auditor.

La auditoría incluye los distritos de Sensuntepeque, Guacotecti, San Isidro, Victoria y Villa Dolores. Esta acción de control se realiza en el marco de las facultades de fiscalización de la institución y tiene como propósito verificar que los recursos públicos se administren de manera adecuada y conforme a la normativa que rige la gestión municipal.

En un hecho histórico, la Corte de Cuentas de la República (CCR) recibió por parte del Organismo Salvadoreño de Normalización (OSN) la certificación internacional ISO 37001:2016, por la aplicación del Sistema de Gestión Antisoborno (SGAS) en sus procesos de auditoría, juicio de cuentas y administrativos.

 "Esta certificación, aparte del orgullo que nos provoca, también es un aliciente para todos los que laboramos en esta Entidad Fiscalizadora Superior para seguir cumpliendo nuestro compromiso de cero tolerancia al soborno", externó el Presidente Walter Salvador Sosa, en presencia del Primer Magistrado Julio Guillermo Bendek y del Segundo Magistrado, José Rodrigo Flores Ramos.

 Para establecer una clara postura de cero tolerancia al soborno dentro de la institución, el Organismo de Dirección aprobó recientemente su Política Antisoborno y la Política de Gestión de Regalos, Hospitalidades, Donaciones y Beneficios Similares que están siendo aplicadas en todas las áreas de la Corte.

 El Mtro. Sosa también dio a conocer que ambas políticas se han traducido al idioma inglés y al sistema braile, "para que el mensaje de integridad y rechazo al soborno pueda llegar a todos, sin excepción".

 La certificación fue entregada por la directora del OSN, Yanira Colindres, quien con la auditora líder, María del Carmen Beltrán, llevaron a cabo la auditoría en la CCR con el apoyo de los integrantes de la Función de Cumplimiento y del Equipo Implementador del SGAS, que estuvieron presentes en el acto.

 "La Corte de Cuentas es la principal y la primera parte interesada que citan todas las instituciones públicas en todas las matrices de riesgo, así que ahora que reciben la certificación estoy segura de que las demás instituciones del Estado estarán pendientes de su liderazgo", resaltó la Ing. Colindres.  

Al final del acto se entregó a los invitados una pulsera con el mensaje sencillo, pero poderoso: "CCR no al soborno", que representa la responsabilidad de cada servidor con la integridad y la honestidad en el ejercicio de sus funciones.

La Corte de Cuentas de la República (CCR) inició la auditoría externa a su Sistema de Gestión Antisoborno (SGAS), como parte del proceso de certificación bajo la norma ISO 37001:2016.

Este proceso comenzó con una reunión de apertura entre el Organismo de Dirección de la CCR y autoridades del Organismo Salvadoreño de Normalización (OSN).

En la primera fase se desarrolló una revisión documental en distintas unidades organizativas, donde el equipo auditor del OSN evaluó matrices de riesgo, controles internos y la incorporación del SGAS en los procesos estratégicos, misionales y de apoyo a la institución.

Posteriormente, la auditoría avanzó a una segunda fase con entrevistas al talento humano y visitas presenciales y virtuales a diversas dependencias, con el objetivo de verificar la aplicación efectiva de la política antisoborno y el nivel de apropiación de los lineamientos establecidos en la norma.

Con el cierre de esta etapa, el OSN concluyó formalmente la auditoría externa- al SGAS de la CCR como parte del proceso de certificación bajo estándares internacionales-, consolidando un sistema orientado a fortalecer la confianza pública y reafirmar el compromiso institucional con la integridad, la transparencia y la mejora continua.

La Corte de Cuentas de la República (CCR) y el Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP) suscribieron una carta de entendimiento que oficializa el traslado del Registro de Personal de la Administración Pública al Instituto, dando cumplimiento a un mandato legal histórico en beneficio de la ciudadanía.

El documento fue firmado por el presidente de la CCR, Walter Salvador Sosa, y el titular del ISP, Marlon Vásquez, en presencia de los magistrados Julio Bendek y José Rodrigo Flores.

Como parte del proceso, la CCR entregará más de 2,600 cajas que contienen planillas y constancias de tiempos de servicio, documentación que será administrada por el ISP.

“Este proceso no se limita a la transferencia física de documentos, más bien representa una transición ordenada, con garantías de integridad, trazabilidad y resguardo de la información, asegurando la continuidad del servicio, sin afectar los derechos de los usuarios”, puntualizó el Presidente Sosa.

Con esta acción se da cumplimiento al Decreto Legislativo N.° 438, emitido el 31 de agosto de 1995, que estableció el traslado del Registro al entonces Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos, hoy ISP.

Esta articulación interinstitucional fortalece la modernización del Estado y contribuye a mejorar la gestión de los servicios públicos en favor de la población.

Personal de la Dirección de Auditoría Regional de San Miguel de la Corte de Cuentas de la República inició una auditoría financiera al Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima, en el departamento de La Unión.

La jefa de equipo explicó que, “durante la ejecución de la acción de control en este centro hospitalario se evaluarán las cifras de los estados financieros, el sistema de control interno y el cumplimiento de la normativa legal aplicable al período auditado”.

El equipo auditor verificará la razonabilidad de las cifras presentadas, a fin de determinar que reflejen fielmente la situación económica y financiera del centro hospitalario.

Este proceso busca fortalecer la transparencia y asegurar el adecuado uso de los recursos públicos destinados a la atención en salud.

La Corte de Cuentas de la República, a través de la Dirección de Auditoría Regional de San Miguel, ejecuta una auditoría financiera en el Hospital Nacional de Ciudad Barrios “Monseñor Óscar Arnulfo Romero y Galdámez”.

El objetivo es verificar que la administración de los fondos públicos asignados al centro hospitalario se haya realizado conforme a la normativa legal y técnica vigente.

“Con esta auditoría buscamos garantizar el adecuado manejo de los recursos que pertenecen a la población salvadoreña. Para ello, realizamos la verificación de los estados financieros, los controles internos y el cumplimiento de la normativa que rige la gestión institucional”, expresó la jefa de equipo.

La Corte de Cuentas de la República con el acompañamiento del Organismo Salvadoreño de Normalización (OSN) ha iniciado una auditoría externa al Sistema de Gestión Antisoborno (SGAS), como parte de los requisitos de la norma ISO 37001:2016.

El Presidente Walter Salvador Sosa destacó que, “con la aprobación y aplicación de la Política Antisoborno y la Política de Gestión de Regalos, Hospitalidades, Donaciones y Beneficios Similares se establece nuestro compromiso institucional de cero tolerancia al soborno. Así como se delimitaron las responsabilidades y consecuencias ante tal práctica, a efecto de prevenir, detectar y enfrentar cualquier acto indebido”.

Por su parte, el Primer Magistrado, Julio Guillermo Bendek, señaló que, “nuestro compromiso consiste en buscar un sistema de gestión efectivo, con responsabilidad ética y legal, eficaz para que pueda prevenir riesgos que afecten la confianza pública, que establezca reglas claras de comportamiento y las consecuencias; así como fomente una cultura organizacional basada en la integridad”.

El Segundo Magistrado, José Rodrigo Flores Ramos, afirmó que la CCR, “es una institución comprometida con una política nacional que, si bien hoy estamos hablando de antisoborno, también, estamos sometidos a una política anticorrupción, las cuales están vinculadas”.

Como parte del proceso previo, la firma Salomón Consulting realizó recientemente una auditoría interna en distintas unidades organizativas de la CCR. Posteriormente, el OSN llevó a cabo una preauditoría, etapa preparatoria para la certificación antisoborno conforme a la norma ISO 37001:2016.

Personal técnico de esta Entidad Fiscalizadora Superior- destacado en la Dirección de Auditoría Regional de San Miguel- desarrolla una auditoría financiera en el Hospital Nacional Dr. Jorge Arturo Mena, ubicado en Santiago de María, departamento de Usulután, correspondiente al período del 1 de enero al 31 de diciembre 2024.

 “Nos encontramos en la fase inicial, para esto hemos solicitado estados financieros, verificación de planillas, compras de bienes y servicios, adquisición de muebles en las diferentes áreas.  Además, estamos implementando el Sistema Integrado de Auditoría Gubernamental (SIAG), que permitirá hacer más ágiles los procesos”, explicó el jefe de equipo.

 De acuerdo con la orden de trabajo esta auditoría comprenderá la evaluación del área de recursos humanos, la unidad financiera, la unidad de compras, el área de contabilidad y tesorería; con el propósito de fortalecer los mecanismos de control y la transparencia en la gestión administrativa de este hospital.

La Corte de Cuentas de la República (CCR) y la Superintendencia de Regulación Sanitaria (SRS) suscribieron una Carta de Entendimiento orientada a fortalecer las capacidades técnicas y el desarrollo profesional del talento humano de ambas instituciones.

El documento fue firmado por el Presidente de la CCR, Walter Salvador Sosa, y el Superintendente de Regulación Sanitaria, Noé Geovanni García Iraheta, en presencia de los Magistrados Julio Guillermo Bendek y José Rodrigo Flores Ramos.

Durante el acto, el Presidente Sosa destacó que, “como Corte de Cuentas ponemos a disposición del talento humano de la Superintendencia nuestro moderno Centro de Instrucción y Capacitación. Así también un vasto grupo de facilitadores altamente capacitados, especializados y apoyados con recursos tecnológicos de última generación para una formación de calidad”.

La Carta establece mecanismos de colaboración y asistencia técnica para coordinar e implementar programas de formación, capacitación y especialización, enfocados en fortalecer las competencias institucionales y contribuir a una gestión pública más eficiente, transparente y cercana a la ciudadanía.

Esta alianza se enmarca en el Plan Estratégico Institucional 2025-2028, que contempla la consolidación de vínculos con entidades del Estado, reafirmando el compromiso de la CCR de fiscalizar con excelencia el uso de los recursos públicos en beneficio de la población salvadoreña.