La empresa certificadora AENOR Centroamérica inició hoy una auditoría externa al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, y a los procesos de Auditoría, Juicios de Cuentas y de soporte administrativo de la Corte de Cuentas de la República.

La Presidente, Licda. Carmen Elena Rivas Landaverde, y la Primera Magistrada, Licda. María del Carmen Martínez Barahona esta mañana  dieron la bienvenida a AENOR, manifestaron total apertura y colaboración institucional a los auditores que estarán a cargo de dicha evaluación, en el marco de una reunión inicial sostenida con  el Ing. Arnulfo Pino Figueroa, y el Lic. Jon Zabala, Director General de AENOR Centroamérica y auditor líder, respectivamente.

El Organismo Superior de Control se somete anualmente a este tipo de auditoría externa, a fin de medir si los procesos sustantivos que realiza para fiscalizar el manejo de los fondos públicos cumplen con estándares internacionales, lo que le ha permitido mantener la Certificación de la Calidad ISO 9001, desde el  año 2008 que la obtuvo por primera vez.

La auditoría se hizo eligiendo una muestra del total de unidades organizativas de la Corte, de ahí que serán auditadas la Oficina Regional de San Miguel, las direcciones de auditoría 3 ,4, 5 y 6; el Comité de Calidad de la Auditoría; la Dirección de Auditoría Interna; las Cámaras primera, segunda y séptima de Primera Instancia;  el Comité de Calidad del Juicio de Cuentas; así como la Dirección Administrativa, la Dirección de Recursos Humanos, el Centro de Investigación y Capacitación y la Dirección de Comunicaciones.

La auditoría externa finalizará el 17 de septiembre, y como paso seguido AENOR Centroamérica hará la lectura del informe de auditoría a las autoridades de la CCR, en el cual se pueden señalar oportunidades de mejora.

Este día el Especialista Fiduciario Senior del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Juan Carlos Lazo, junto al Dr. Josè Aguirre, Consultor del Banco, realizaron presentación y entrega oficial a la Presidente de la Corte de Cuentas de la República, Licda. Carmen Elena Rivas Landaverde y Primera Magistrada, María del Carmen Martínez Barahona,  el Manual de Auditoría Gubernamental, adaptado a las Normas Internacionales de Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI), Nivel 4 y del Sistema de Control y Aseguramiento de la Calidad de la Auditoría.

La Corte de Cuentas de la República con la finalidad de cumplir ética y profesionalmente su cometido legal, dispone de instrumentos normativos, técnicos y administrativos, que en el transcurso de su función han venido desarrollando; y que, de acuerdo a las necesidades surgidas en el quehacer de fiscalización, se han formulado. Dichos instrumentos se fundamentan en su mayoría, en las buenas prácticas de las EFS a nivel mundial, sin violentar el marco legal aplicable en la CCR.

En sintonía con lo antes expuesto, el Manual tiene como objetivos:

• Estandarizar el proceso de auditoría y fiscalización de la CCR, mediante el uso de formatos, instructivos y anexos necesarios para una auditoría;
• Profesionalizar el quehacer de los auditores de la CCR, al desarrollar sus auditorías con estándares internacionales y buenas prácticas;
• Hacer eficiente y eficaz el proceso de auditoría, al proporcionar los aspectos puntuales a considerar en las auditorías que realiza la institución.

En este marco, con el MAG se contribuirá a que los auditores gubernamentales dispongan de un instrumento técnico para el desarrollo de su trabajo de auditoría en sus diferentes modalidades, permitiéndoles incrementar la eficiencia, eficacia, excelencia y efectividad en el desempeño de sus funciones.

Durante la presentación, el consultor internacional priorizó puntos esenciales que deben considerarse en la institución tales como: las emisiones de las Normas de Auditorías Gubernamental Nivel 4; Manual de Auditoría Gubernamental y el Sistema de Control y Aseguramiento de la Calidad de la Auditoría.

Asimismo, se destacó la importancia del Sistema de Control y Aseguramiento de la Calidad de Auditoría en la CCR, que tiene como objetivo el aseguramiento de la calidad, en proporcionar una seguridad razonable de que los controles diseñados sean suficientes y adecuados; y que los documentos, productos y las fases del proceso de auditoría, cumplan con estándares de calidad conforme al marco legal y técnico.

Las funcionarias de la Corte de Cuentas enfatizaron su disposición como Organismo de Dirección, en aprobar los instrumentos que permitirán el fortalecimiento del trabajo en materia de control y fiscalización del país. Asimismo, reiteraron el agradecimiento por el apoyo invaluable brindado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El MAG y el Sistema de Control y Aseguramiento de la Calidad de Auditoría forman parte de los procesos de fortalecimiento y modernización de auditorías a las Entidades Públicas.

San Salvador, 12 de septiembre de 2019. El Consejo Fiscalizador Regional del Sistema de la Integración Centroamericana (CFR-SICA) se le concedió espacio de cortesía de sala en la LXXIX Reunión Ordinaria del Consejo de Ministros del SICA, realizada en el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de El Salvador.

El objetivo de la intervención del Organismo Superior de Control Regional fue dar seguimiento al Punto de Acta de la XV Reunión del CFR-SICA, en relación a la solicitud de audiencia para los titulares de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS), en la reunión del Consejo de Ministros RREE del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), para presentar el Proyecto de REGLAMENTO PARA EL PARA EL PAGO DE CONTRAPARTIDA DE LOS COSTOS DE AUDITORÍA DEL CFR-SICA, elaborado por la Secretaría Técnica del CFR-SICA, en coordinación con los respectivos Miembros de las Unidades de Enlace, documento con el que se pretende establecer porcentajes de pagos de los costos resultantes de las auditorías oficiales del Sistema, en cumplimiento al Mandato dado por los Jefes de Estado y de Gobierno, en el Relanzamiento del Proceso de Integración, en el año 2010.

En ese sentido, la señora Secretaría Técnica y Miembro Pleno del Consejo, licenciada Carmen Elena Rivas Landaverde manifestó que en el tiempo de creación del CFR-SICA se han identificado áreas de mejora en el ámbito administrativo: “A once años de creación del CFR-SICA hemos identificado áreas a mejorar en nuestro ámbito administrativo, entre las que figura el tema de financiamiento, sobre el cual venimos a proponer soluciones concretas para lograr su viabilidad”, externó durante su intervención.

En ese espacio se contó con la participación de la Auditora General de Belice, Dorothy Ann Smith Bradley; Roy Pineda, Magistrado Presidente del Tribunal de Cuentas de Honduras; Félix Álvarez Rivera, Miembro del Pleno de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana.

El  9 de septiembre, la Presidente de la Corte de Cuentas de la República, Licda. Carmen Elena Rivas Landaverde recibió la visita del representante del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Luis Martínez Betanzos, con quien conversó sobre aspectos de competencia de la Entidad Fiscalizadora en el marco electoral salvadoreño.

Martínez Betanzos, abogado catalán, integra una misión del PNUD que actualmente realiza un diagnóstico sobre el entorno legal e institucional electoral del país, a fin de identificar necesidades de apoyos en esta materia.

De ahí que la Licda. Rivas Landaverde le detalló que la CCR interviene en los procesos electorales extendiendo los finiquitos a los candidatos a puestos de elección popular, y le corresponde hacer auditoría a los fondos que maneja el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Le informó, además, que en el último trimestre de 2019 la Corte auditará los fondos públicos que manejan los partidos políticos.

Según se informa en el sitio web del TSE, este organismo contó con la asistencia del PNUD a través del Proyecto de Apoyo al Ciclo Electoral 2018-2019, en aspectos como la creación del aula virtual, y divulgación de información y motivación a la ciudadanía para votar. Y se espera se extienda este apoyo  al ciclo electoral 2021-2024.

Martínez Betanzos se ha desempeñado como asesor electoral de la región árabe ante el PNUD; estuvo en Bosnia con la Organización de Seguridad y Cooperación Europea dentro del Departamento de Elecciones, y ha sido jefe de Proyecto de Asistencia Técnica para la Comisión Electoral de Nepal, Libia y Georgia.

El Comité de Seguridad y Salud Ocupacional de la Corte de Cuentas de la República (COSSOCC), con el apoyo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, desarrolló el primero de tres seminarios con el propósito de capacitar en materia de prevención de riesgos en los lugares de trabajo, a noventa y cinco funcionarios destacados en puestos desde jefatura hasta encargados de áreas.

En la primera jornada participaron 25 servidores  que tienen bajo su responsabilidad las áreas de Informática, Almacén, Archivo, Correspondencia, Mantenimiento, Clínica Institucional, Activo Fijo, Capacitación e Investigación, la Dirección Administrativa, Jueces de Cámaras de Primera Instancia, el Departamento de Participación Ciudadana y las áreas de Prensa y Publicaciones de la Dirección de Comunicaciones.

El técnico de la Sección de Prevención de Riesgos Ocupacionales del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, Lic. José Antonio Bonilla, durante cuatro horas profundizó en el contenido de la Ley General de Prevención de Riesgos en los Lugares de Trabajo, la cual fue emitida según decreto legislativo número 254 del 21 de enero de 2010.

El facilitador explicó que el objeto de dicha ley es establecer los requisitos de seguridad y salud ocupacional que deben aplicarse en los lugares de trabajo, a fin de establecer el marco básico de garantías y responsabilidades que garantice un adecuado nivel de protección de la seguridad y salud de los trabajadores y trabajadoras, frente a los riesgos derivados del trabajo.

En esta actividad, coordinada por el Centro de Capacitación e Investigación (CINCAP), los participantes conocieron sobre el rol del COSSOCC en la Entidad Fiscalizadora Superior, la función del delegado de prevención de riesgos, y los principios rectores de la Ley, tales como el Principio de igualdad de oportunidades y de trato a los trabajadores; el respeto a la dignidad inherente a la persona y el derecho a un ambiente laboral libre de violencia en todas sus manifestaciones; y el de  prevención que está referido a la determinación de medidas que garanticen ,razonablemente, la seguridad y salud de los trabajadores y trabajadoras dentro de los lugares de trabajo.

La Presidente de la Corte de la Corte de Cuentas de la República, Licda. Carmen Elena Rivas Landaverde y su homólogo del Consejo Nacional de la Micro, Mediana y Pequeña Empresa (Conamype), Paul Steiner, suscribieron hoy una carta dirigida al Ministerio de Hacienda en donde le solicitan reforme el Manual Técnico del Sistema de Administración Financiera Integrado (SAFI), que regula las Normas sobre los Fondos Circulantes de Monto Fijo, para el pronto pago de bienes y servicios que las instituciones gubernamentales adquieran con  la micro y pequeña empresa.

“Las instituciones podrán utilizar los Fondos Circulantes de Monto Fijo para efectuar erogaciones de carácter urgente; así como cumplir con el pago de otras obligaciones de cumplimiento obligatorio como la contratación de Bienes y Servicios a  Micro y Pequeña Empresa, siempre que no correspondan al pago de salarios, debiendo contar previamente con la debida autorización del titular o funcionario delegado para la autorización del gasto”, se extrae de la misiva dirigida al ministro de Hacienda, Lic. Nelson Eduardo Fuentes.

Los funcionarios firmaron dicha carta en el acto de lanzamiento de la campaña “Pronto Pago a las MYPES” que busca erradicar la  tardanza en los pagos  de  deudas contraídas por  las instituciones públicas, con pequeñas y microempresas.

CONAMYPE estima que cuando las instituciones públicas no saldan oportunamente sus deudas con las  MYPES ocasionan problemas que van desde la falta de liquidez, el limitado capital de trabajo, la no cotización en el sistema de pensiones, el incumplimiento de requisitos en el sistema financiero, el cese de personal, poca motivación en continuar participando en procesos de proveeduría al gobierno, hasta el cierre de empresas.

La Licda. Rivas Landaverde, por su parte sostuvo que “desde la Presidencia de la CCR  ha trabajado con diferentes instituciones del sector público y privado, para apoyar de manera frontal y transversal, la promoción de temas de interés común de la agenda nacional como es la estimulación del clima de negocios, con el firme propósito de beneficiar a la ciudadanía salvadoreña.”

Más adelante informó que ha girado instrucciones a las direcciones de auditoría y a las oficinas regionales de la Entidad Fiscalizadora Superior para que se verifique, de manera estricta, el cumplimiento de lo establecido en el artículo 39-c de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP) que regula que todas las instituciones públicas deben destinar el 25 % de los presupuestos anuales al rubro de Bienes y Servicios ofrecidos por el sector MYPE; pudiéndose establecer responsabilidades administrativas para aquellos funcionarios que incumplan.

Finalmente, la Presidente reiteró que la institución está atenta a recibir y tramitar cualquier denuncia relacionada con la gestión de los servicios y el uso de fondos públicos, recordando que han puesto a disposición la APP  Denuncia Ciudadana, la cual se puede descargar de manera gratuita en los teléfonos celulares.

Durante su reciente viaje a China, Taiwán, la Presidente de la Corte de Cuentas de la República, licenciada Carmen Elena Rivas Landaverde, recibió un reconocimiento por parte del Auditor General de ese país, Ching Long Ling.

Se trata de una condecoración en la que la Oficina Nacional de Auditoría General de la República China, Taiwán, con la potestad que le confiere la ley, otorgó la “Medalla de Profesionalismo Auditorial”, distinción que es entregada como un reconocimiento a quienes, por su trayectoria, han sobresalido y se han superado en una Institución de Auditoría.

El Contralor o Auditor General hizo entrega de la medalla a la licenciada Rivas Landaverde, por su trayectoria dentro de la Corte de Cuentas de la República, que incluye 17 años de trabajo, comenzando en un puesto de los más pequeños, hasta haber llegado a la presidencia.

“Esto me motiva a mí y me compromete también a hacer un mejor trabajo, a seguirme preparando dentro de la institución y también, no solo para aportar cosas en la Corte de Cuentas, sino también para el país”, expresó. 

La licenciada Rivas Landaverde visitó recientemente ese país oriental, invitada por Ching Long Ling, para conocer de cerca el trabajo de fiscalización y transparencia que ahí se realiza.

Explicó que, aparte de las constantes invitaciones del funcionario para que la presidente realizara una visita de trabajo a su país, el viaje obedeció también a que se incluye en un Convenio de Cooperación que se tiene con China, Taiwán, y por medio del cual se les ha dado mucha asistencia y capacitación a los auditores de la Corte de Cuentas de la República.

“Este año fueron unos compañeros que tuvieron una preparación muy importante en cuanto al trabajo de auditoría que ellos realizan”, expresó.

Dijo además que tuvo la oportunidad de visitar algunas regionales que tiene la Auditoría General de ese país, así como otras también Instituciones Públicas, que tuvieron a bien recibirla, a fin de que pudiera conocer el trabajo que ellos realizan, mismo que a su juicio, es “un proceso bastante transparente en cuanto a fiscalización”.

“Ellos tienen educadas a las instituciones para realizar un trabajo en forma transparente. La colaboración que brindan es importante”, añadió.

La presidente Rivas Landaverde mencionó que tuvo la oportunidad de conocer “algunas auditorías específicas que ellos realizan” y que incluso, lejos de quedarse en sus escritorios, salen al campo a hacer las verificaciones de dichas auditorías, dan recomendaciones y tienen incluso la posibilidad de establecerlas.

“La Contraloría tiene la potestad de hacer los recomendables a las reformas legales pertinentes de las instituciones del sector público, creo que eso es importante y superaría muchas situaciones que si nosotros lográramos copiar, podríamos decir, generaría mucha ayuda a la sociedad salvadoreña, en el sentido que se verificarían mejor el uso de los fondos públicos” detalló.

Expresó a su vez que una experiencia le hubiese gustado poder traer al país, es la parte de cómo ellos tienen el Servicio Civil. Contó que en China, Taiwán, no es un Tribunal, sino que un Ministerio de Servicio Civil y dada la importancia que tiene ingresar a la carrera pública, deben realizar un examen muy riguroso, pues no cualquier persona puede entrar a ser servidor público, sino que solamente aquel que es debidamente calificado.

“Allá, las cuestiones éticas son importantes, y tienen algo bien importante, todos los directores de recursos humanos, todos los financieros y todos los UACI, no los ponen las instituciones sino que los ponen este Ministerio y de ahí ellos se percatan de que estos servidores van a hacer su trabajo objetivo, independiente y que no le van a obedecer al titular”, explicó.

El Organismo de Dirección de la Corte de Cuentas de la República, Licda. Carmen Elena Rivas Landaverde, Presidente; Licda. María del Carmen Martínez Barahona, Primera Magistrada y el Lic. Roberto Antonio Anzora Quiroz, Segundo Magistrado participaron este día en el “VI Congreso de Derecho Administrativo”, organizado por la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, con el objetivo de abordar la regulación de una de las disciplinas jurídicas enmarcadas en la función pública.

El Dr. José Óscar Armando Pineda Navas, Presidente de la Corte Suprema de Justicia, inauguró el congreso expresando que “es conveniente promover este tipo de eventos para analizar los logros y avances obtenidos en diferentes países, pero además identificar problemas y conflictos comunes con realidades jurídicas de otros lugares, es importante recalcar el carácter progresivo y expansivo que tiene el derecho administrativo”, aseveró.

Por su parte, el Magistrado Presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Lic. Sergio Luis Rivera Márquez manifestó en su discurso inaugural que “la vigencia reciente de la nueva Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo y la Ley de Procedimientos Administrativos viene a ser un impulso más de cara a potenciar el derecho de los ciudadanos a una buena administración pública”.

Ponentes nacionales e internacionales conforman la lista de conferencistas que durante 5 días aportarán sus conocimientos para contribuir a la modernización de la administración de justicia. Asistieron también al encuentro, la Licda. Verónica Santos y la Licda. Silvia Deodanes, destacadas en la Dirección Jurídica de este Entidad Fiscalizadora, así como el Lic. Arturo Criollo, destacado en la Cámara Quinta de Primera Instancia.

El VI Congreso de Derecho Administrativo es dirigido a funcionarios de la Administración Pública, profesionales y estudiantes de Derecho, con énfasis en la comprensión y aplicación de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo y la Ley de Procedimientos Administrativos, decreto legislativo número 760, vigente desde 2018.

La Presidenta en funciones de la Entidad Fiscalizadora Superior, Licda. María del Carmen Martínez Barahona  y el Primer Magistrado, Lic. Roberto Antonio Anzora Quiroz, participaron hoy en el evento de presentación de investigación  y conversatorio denominado ¿A quiénes ha controlado la CCR de 2013 a 2018?, organizado por el Observatorio Ciudadano a la Corte de Cuentas de la República, iniciativa de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES),  la Asociación Conexión al Desarrollo de El Salvador (CONEXIÓN), y Transparencia, Contraloría Social y Datos Abiertos (TRACODA).

Dicho Observatorio, que cuenta con el financiamiento del Proyecto Pro-Integridad Pública de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), tiene como propósito  fomentar la contraloría social sobre el funcionamiento de la CCR, así como hacer recomendaciones para el fortalecimiento institucional, dado su relevancia para la prevención y lucha contra la corrupción.

Carmina Castro de FUSADES, señaló que como resultado de la investigación, se determinó que del 1 de enero de 2013 a septiembre de 2018, la CCR, a través de sus siete direcciones de auditoría y sus tres oficinas regionales, desarrolló 3 mil 510 acciones de control practicadas a 487 entidades que manejaron fondos públicos.  De este total de acciones de control, el 51.9 por ciento fueron dirigidas a las alcaldías, asociaciones municipales y microrregiones.

Como resultado de la investigación, el Observatorio recomendó al Organismo Superior de Control  que mejore o incremente sus  espacios de diálogo y mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía para que esta valore mejor su labor; se afinen los criterios utilizados para planificar y asignar las auditorías y exámenes especiales; y  que no existan ámbitos exentos de  fiscalización gubernamental, es decir, que se auditen los fondos públicos asignados a los partidos políticos, empresas públicas -aunque hayan sido creadas jurídicamente como sociedades anónimas de capital variable-, así como a las sociedades de economía mixta.

La Licda. Martínez Barahona por su parte, agradeció el esfuerzo y las recomendaciones de las organizaciones de la sociedad civil agrupadas en el Observatorio señaló que “el Organismo de Dirección para cambiar la imagen adversa de la institución, a nivel interno, ha tomado acciones administrativas que coadyuvarán a transparentar el quehacer institucional, tales como: la rotación de directores, subdirectores y jefes de equipos de auditoría, como una buena práctica para que no sean las mismas personas las que, por años, auditen a las mismas entidades.”

“Estamos trabajando en la implementación del Sistema Integrado para el Control de la Auditoría (SICA) mediante el cual se hará una planificación de la auditoría con base en riesgos  que va a permitir la automatización de la misma, lo cual impactará directamente en la transparencia del proceso”, puntualizó la funcionaria.

Asimismo, informó que han conformado una comisión que está analizando posibles reformas a la Ley de la CCR  para que todos los actores que tengan interés en que se cambie la manera de fiscalizar los fondos públicos, sean escuchados en este proceso.

El Lic. Anzora Quiroz señaló que como parte de la política de puertas abiertas de la actual  administración de la Corte de Cuentas, se ha brindado total apertura  para que las organizaciones de la sociedad civil que integran el Observatorio puedan desarrollar sus investigaciones. “En cuanto a las personas que nosotros hemos tenido como sujetos de fiscalización quiero comunicarles que la CCR está trabajando en los preparativos para realizar, en las próximas semanas, auditorías a los partidos políticos. Hemos tenido conversaciones  con instituciones como el Ministerio de Hacienda y el Tribunal Supremo Electoral y estamos en la fase de planificación de estas auditorías,” informó.

 “Nosotros estamos trabajando intensamente por dotar de independencia y objetividad los procesos de fiscalización, y lo hemos hecho a partir de la adopción de nuevas normas de auditoría con estándares internacionales que ya dan un modelo de actuación a los auditores, que van enmarcados a la eficacia, a la objetividad y a garantizar la independencia de nuestros procesos de fiscalización; y por supuesto, esto lo hacemos de cara a darle mejores resultados y  beneficios a la población salvadoreña”, añadió el Segundo Magistrado.

La investigación ¿A quiénes ha controlado la CCR de 2013 a 2018? es la tercera de una serie de investigaciones que realizará el Observatorio a la Entidad Fiscalizadora Superior, cuyas organizaciones de la sociedad civil que lo conforman esperan de esta forma aportar a la modernización del proceso de auditoría gubernamental en el país.

El Centro de Investigación y Capacitación (CINCAP) desarrolló el 26 de agosto el seminario sobre la ‘’Ley de la Corte de Cuentas como Marco de Referencia en la Fiscalización Administrativa y Jurisdiccional’’.

Asistieron 82 servidores públicos con cargos de jefaturas, manejadores de fondos y bienes del Estado de la Fiscalía General de la República, Consejo Nacional de la Judicatura, Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, Tribunal Supremo Electoral, Ministerio de Agricultura y Ganadería, Defensoría del Consumidor; y las municipalidades de San Salvador, San Miguel, Nejapa, Cojutepeque, Chinameca y San Sebastián. También asistió el Personal del Área de Control de Documentos de nuestra Institución.

La Corte de Cuentas está investida de rango constitucional para ejercer la función fiscalizadora de la Hacienda Pública y Ejecución del Presupuesto en particular, según el Art. 195 Cn. También el Art. No 7 de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado hace referencia al tema cuando se crea el Sistema Nacional de Administración Financiera Integrado (SAFI) que está estrechamente relacionado con el Sistema Nacional de Control y Auditoría de la Gestión Pública.

El objetivo del seminario fue brindar al personal de la Administración Pública información que le permita conocer y familiarizarse con la Ley de la Corte de Cuentas de la República, con el propósito que sea aplicada de forma efectiva en la ejecución de sus actividades.

Durante el seminario las facilitadoras del evento, licenciadas Lilian Janeth Trigueros de Cerén, y Nancy Yaneth Rivas Cortez, ambas colaboradoras Jurídicas de la Institución, desarrollaron la capacitación en tres sesiones:

• El Sistema Nacional de Control y Auditoría de Gestión Pública.
• El Juicio de Cuentas y
• El Juicio de Cuentas en Segunda Instancia.