QUE DESDE EL DÍA QUE TOMAMOS POSESIÓN DE NUESTROS CARGOS, NOS HEMOS COMPROMETIDO A REALIZAR UNA ADMINISTRACIÓN TRANSPARENTE Y EFECTIVA, COMPROMETIDOS A EFECTUARLA SIN ATADURAS NI COMPROMISOS DE NINGUNA CLASE, MÁS QUE CON LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES.

QUE PARA BUSCAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL, HEMOS VENIDO EVALUANDO EL DESEMPEÑO Y OPERATIVIDAD DE ALGUNAS ÁREAS, ESPECÍFICAMENTE EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA (COMO SOPORTE PARA DILIGENCIAR LA MISIÓN CONSTITUCIONAL ENCOMENDADA A ESTA CORTE) , PUDIENDO DETECTAR QUE ALGUNAS DE ÉSTAS SU OPERATIVIDAD ES CASI NULA, POR LO QUE COMO MÁXIMA AUTORIDAD NOS HEMOS VISTO EN LA OBLIGACIÓN DE HACER ALGUNOS CAMBIOS AL FRENTE DE LAS MISMAS, CON LO CUAL PRETENDEMOS DARLE CELERIDAD A LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE DESARROLLEN Y QUE DEN UNA RESPUESTA INMEDIATA PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS O DEFICIENDAS EN OTRAS UNIDADES.

SIN EMBARGO, DICHOS MOVIMIENTOS INTERNOS, HAN GENERADO QUE SE EMITAN BOLETINES O COMUNICADOS DIRIGIDOS AL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN, QUE PONEN EN ENTREDICHO NUESTRA GESTIÓN; ANTE LO CUAL A LOS SERVIDORES DE LA CORTE LES ACLARAMOS:

1. QUE LOS CAMBIOS EFECTUADOS SON PARA DARLE MAYOR OPERATIVIDAD A LAS UNIDADES EN LAS CUALES SE HAN CAMBIADO A SUS JEFES O ENCARGADOS DE ÉSTAS;
2. QUE HEMOS IDENTIFICADO QUE EN LA INSTITUCIÓN EXISTEN GRUPOS CON OSCUROS INTERESES Y CONTRAPUESTOS A LOS INSTITUCIONALES, QUIENES DE FORMA INESCRUPULOSA INTENTAN ENTORPECER EL BUEN Y NORMAL FUNCIONAMIENTO DE ALGUNAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, PRETENDIENDO CON ELLO, AFECTAR,  EL DESARROLLO DE NUESTRA GESTIÓN, MUESTRA DE ELLO, LAS ANOMALÍAS QUE SE DIERON EN LA OFICINA REGIONAL DE SAN VICENTE, YA QUE AL CAMBIAR DE SEDE, SE DEJÓ AL DESCUBIERTO LOS INTERESES DE UNA FUNCIONARIA DE ESTA INSTITUCIÓN QUE PRETENDÍA QUE SE CONTINUARA OPERANDO EN EL LOCAL ANTERIOR  A UN COSTO SUPERIOR AL GESTIONADO POR ESTA ADMINISTRACIÓN, TRATANDO DE INTERFERIR EN QUE LA READECUACIÓN DEL NUEVO LOCAL, NO SE EFECTUARA EN TIEMPO.
3. QUE SOMOS SABEDORES QUE LAS FUNCIONES DE LOS COMPAÑEROS ORDENANZAS SE HAN VISTO SATURADAS, SIN EMBARGO, EN ATENCIÓN A SUS DERECHOS SE LES ESTÁN RECONOCIENDO CONFORME LA NORMATIVA INTERNA EL TRABAJO EXTRA REALIZADO. SOBRE LO ANTERIOR, ES IMPORTANTE ACLARAR  QUE SE ESTÁ TRAMITANDO UN NUEVO PROCESO DE LICITACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA CON PERSONAL EXTERNO, YA QUE EL ANTERIOR PROCESO, NOS VIMOS OBLIGADOS A DEJARLO SIN EFECTO POR LAS RAZONES SIGUIENTES: A) QUE SE RECIBIERON VARIAS OFERTAS, LAS CUALES EN SU MAYORÍA EXCEDÍAN EL MONTO PRESUPUESTADO; B) QUE LA EMPRESA RECOMENDADA PARA LA PRESTACIÓN DE DICHO SERVICIO, POR LA COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS RESPECTIVA, APARECE SOMETIDO A UN PROCESO SANCIONATORIO SUSPENDIDO POR MEDIDA CAUTELAR; C) QUE HEMOS PODIDO DETECTAR QUE PERSONAL DE ESTA INSTITUCIÓN, ESTABA INTERESADO EN ADJUDICAR A ESA EMPRESA EN ESPECIFICO A CAMBIO DE INTERESES PARTICULARES.
4. QUE EN LO QUE RESPECTA A LA PRESTACIÓN DEL SEGURO MÉDICO HOSPITALARIO, SE ESTÁN EFECTUANDO LAS GESTIONES PARA LA CONTINUIDAD DEL MISMO, SIN EMBARGO, DEBIDO A QUE ALGUNOS EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCIÓN A LA FECHA PRESENTAN SALDOS PENDIENTES DE CANCELAR A LA EMPRESA QUE PRESTA DICHO SERVICIO.  SUMADO A ELLO, EL AGRAVANTE, QUE PERSONAL INTERNO CON INTERESES PARTICULARES ESTA INCIDIENDO EN SU CONTRATACIÓN. LO QUE HA IMPOSIBILITADO LLEGAR A UN ACUERDO CONFORME A LOS INTERESES INSTITUCIONALES.
5. QUE ESTE ORGANISMO DE DIRECCIÓN ATENDIENDO RECOMENDACIONES SEÑALADAS POR LA AUDITORÍA EXTERNA, CONTINUARÁ REALIZANDO MOVIMIENTOS DE PERSONAL, A EFECTO DE IR ORDENANDO LAS PLAZAS CONFORME SU COMPETENCIA E IDONEIDAD. SIENDO EL CASO QUE EXISTEN PERSONAS NOMBRADAS EN PLAZAS DE AUDITORES Y JEFES DE EQUIPO DEL ÁREA OPERATIVA, SIN EMBARGO, ESTÁN EJERCIENDO SUS FUNCIONES EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA.
6. ESTE ORGANISMO DE DIRECCIÓN ESTÁ COMPROMETIDO A REALIZAR SUS FUNCIONES CON TRANSPARENCIA, EN ESTRICTO APEGO A LA CONSTITUCIÓN Y A LAS LEYES, EN ESE SENTIDO, HACEMOS DEL CONOCIMIENTO DE LOS SERVIDORES DE ESTA INSTITUCIÓN QUE NO SE TOLERARÁN INCUMPLIMIENTOS DE SUS OBLIGACIONES LABORALES Y POR LOS CUALES RECIBEN UN SALARIO; ACTOS DE INDISCIPLINA Y MUCHO MENOS ACTOS DE CORRUPCIÓN. POR LO QUE LES INSTAMOS A LAS DISTINTAS JEFATURAS DE ESTA CORTE, DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO INTERNO DE PERSONAL DE LA CORTE DE CUENTAS.
7. INVITAMOS A TODOS LOS BUENOS EMPLEADOS –QUE ESTAMOS SEGUROS SOMOS LA MAYORÍA-  A QUE SIGAMOS TRABAJANDO POR LA INSTITUCIÓN Y A NO PERMITIR QUE ESTOS GRUPOS MEZQUINOS AFECTEN NUESTROS DERECHOS Y EL DE NUESTRAS FAMILIAS.

POR LA TRANSPARENCIA EN EL BUEN USO DE LOS FONDOS PÚBLICOS.

El Organismo de Dirección de la Corte de Cuentas de la República, integrado por la Presidente Carmen Elena Rivas Landaverde, la Magistrada María del Carmen Martínez Barahona, y el Segundo Magistrado Roberto Antonio Anzora Quiroz, participaron en el acto de entrega de Credenciales a los diputados y alcaldes electos para el período 2018-2021 en los comicios del pasado 04 de marzo. El evento fue organizado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y tuvo lugar en el Centro Internacional de Ferias y Convenciones.

El acto fue presidido por los titulares del TSE y por el Presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén. Contando además con la asistencia de representantes de los tres Órganos del Estado y de diversas entidades públicas, entre otros invitados.

Durante el evento se hizo entrega de acreditaciones a 84 diputadas y diputados. También el TSE entregó el mismo día en las Juntas Electorales Departamentales las acreditaciones a 2,996 integrantes de concejos municipales, incluyendo los 262 alcaldes y alcaldesas.

Estas credenciales autorizan oficialmente a las personas que resultaron electas en los comicios legislativos y municipales, quienes tomarán posesión de sus cargos el próximo 1 de mayo, para el período 2018-2021.

Con su participación en este importante evento, los funcionarios de la Corte de Cuentas de la República reafirman el compromiso de esta Entidad Fiscalizadora en mantenerse atenta a los cambios en la vida nacional del país. En el caso de las administraciones municipales, la CCR observará  los traspasos que se realicen en las diferentes alcaldías del país, a fin de dar fiel cumplimiento a los aspectos normativos y legales durante el nuevo periodo de gestión municipal; para ello, el Organismo de Dirección de esta Corte, emitió el "Instructivo para la Entrega de Gobiernos Locales" que es un instrumento técnico que estandariza la metodología a seguir para la entrega y recepción de los Concejos Municipales que cambiarán de autoridades edilicias para los próximos tres años.

Cerca de  100 servidores de la Corte de Cuentas de la República fueron testigos de honor de la entrega del acta de posesión de cuatro inmuebles que eran propiedad del Ministerio de Hacienda, y que pasan a manos de esta Entidad Fiscalizadora Superior.

El acta fue entregada por el Director General de Administración del Ministerio de Hacienda, Ing. Edwin Francisco Ortiz Figueroa a la Presidente de la CCR, Licda. Carmen Elena Rivas Landaverde y  Primera Magistrada, Licda. María del Carmen Martínez Barahona.

“Hoy es un día trascendental en los setenta y ocho años  de existencia de la CCR,” dijo la Presidente Rivas Landaverde. “El Organismo de Dirección deja este legado para las futuras generaciones de servidores de la institución”, añadió.

“Por largos años, nuestros antecesores hicieron gestiones para tener en propiedad estos inmuebles, incluso en mi calidad de servidora institucional hice lo propio cuando me desempeñé como encargada de área en la Dirección Jurídica, ahora, como Organismo de Dirección,  pudimos consolidar este logro, gestionamos para hacer realidad el sueño, y expresamos nuestra  gratitud al Ministerio de Hacienda por su especial diligencia”, añadió la Licda. Rivas Landaverde.

En primera fila estaban sentados cinco servidores institucionales que desde 2010 junto a la Licda. Rivas Landaverde realizaron gestiones para el traspaso legal de dichos inmuebles.

“Este es un legado para la posteridad, para nuestra vida institucional de casi nueve décadas trabajando permanente y sostenidamente en el campo de la fiscalización y el control de la Administración Pública”, enfatizó la presidente.

 {gallery}Entrega de inmuebles{/gallery}

La Corte de Cuentas de la República, como organismo rector del Sistema Nacional de Control y Auditoría de la gestión Pública, realizó este 18 de abril una jornada de divulgación del  “Instructivo para la Entrega de los Gobiernos Locales” dirigido a más de 175 de sus auditores, quienes han sido delegados por el Organismo de Dirección para presenciar el cambio de gobierno en cerca de 80 alcaldías del territorio nacional, como acción de control preventivo.

Los auditores de la CCR se preparan para verificar el traspaso de gobiernos municipales que cambian de administración, a partir del 1 de mayo del 2018, según los resultados electorales  del 4 de marzo del presente año.

La divulgación del Instructivo y la planificación de la acción de control preventivo que desarrollarán los auditores de la CCR, tuvo lugar el mismo día en la sede central en San Salvador, así como en las Direcciones Regionales de San Vicente, Santa Ana y San Miguel.

Con la emisión de este Instructivo, el Organismo de Dirección de la Entidad Fiscalizadora Superior, integrado por la Presidente, Licda. Carmen Elena Rivas Landaverde, la Primera Magistrada, Licda. María del Carmen Martínez Barahona, y el Segundo Magistrado, Lic. Roberto Antonio Anzora Quiroz; proporciona a los Concejos Municipales un instrumento técnico con el que se estandariza la metodología a seguir para la entrega y recepción de los gobiernos locales. El instructivo fue emitido y entró en vigencia el 10  de abril de dos mil dieciocho.

De acuerdo con lo establecido por la CCR, los concejos municipales salientes nombrarán por acuerdo las comisiones necesarias para el aseguramiento (orden y disponibilidad)  de la documentación de la gestión al 30 de abril de 2018 para su entrega a la municipalidad entrante, quienes también designarán por escrito sus propias comisiones.

En el Instructivo se determina que corresponderá a las Comisiones acordar la fecha para llevar a cabo la presentación de las mismas, y coordinar la logística necesaria para llevar a cabo el proceso de entrega y recepción.

La CCR establece que los concejos municipales salientes son responsables de que toda la información y documentación existente, esté disponible en forma física o en medios magnéticos al momento de su entrega a los entrantes.

Además, el Instructivo contempla un modelo de acta para la formalización de la entrega y recepción de los bienes, fondos, valores, depósitos en bancos, inversiones, especies, libros de actas y otros, registros, documentos y programas automatizados.

La Corte especifica que en caso de haber diferencia entre las existencias físicas y los saldos de cierre a la fecha de entrega, se deberá hacer constar en el acta, para efectos de una auditoria o examen especial posterior por parte de la Corte de Cuentas y que los casos no previstos en el instructivo, serán resueltos por el Organismo de Dirección de la CCR.

La emisión del “Instructivo para la Entrega de los Gobiernos Locales”  tiene su base legal en el Art. 195, atribución 9ª de la Constitución de la República y los Arts. 4 y 24 numeral 4 de la Ley de la CCR.

En este sitio web puede descargar el Instructivo para la Entrega de los Gobiernos Locales.

Durante tres días consecutivos el Organismo de Dirección y funcionarios de la Corte de Cuentas de la República participaron en la realización de propuestas de mejoramiento y actualización del  Plan Estratégico Quinquenal 2015-2019, que es  el documento guía de las acciones a implementar en materia de fiscalización y control en la Administración Pública.

El taller forma parte de la consultoría que se está llevando a cabo en la institución,  gracias al apoyo y financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a través de la iniciativa y gestión realizada por el Organismo de Dirección de la institución, que busca fortalecer  el Modelo de Desarrollo Institucional ajustado al actual contexto y retos del control gubernamental.

En la inauguración del taller de trabajo,  la Presidente Carmen Elena  Rivas Landaverde, destacó: "buscamos tener una Corte de Cuentas sólida, y de confianza para los salvadoreños, de tal forma que perciban que nuestro trabajo de fiscalización se hace con eficiencia y eficacia en beneficio de la sociedad salvadoreña".

El Consultor Internacional, Luis Esteban Arrieta, estará dando seguimiento a las propuestas y mejoras al documento que busca fortalecer el trabajo que, por mandato constitucional, corresponde a la institución.

{gallery}PEQ2018{/gallery}

En el marco del desarrollo de los ajustes al Plan Estratégico Quinquenal 2015-2019, y con el fin de fortalecer los procesos de fiscalización y el combate a la lucha contra la corrupción, el Organismo de Dirección de la Corte de Cuentas de la República, integrado por la Licda. Carmen Elena Rivas Landaverde, Presidente; la Licda. María del Carmen Martínez Barahona, Primera Magistrada y el Lic. Roberto Antonio Anzora Quiroz, Segundo Magistrado y servidores institucionales; sostuvieron reunión con representantes de Organismos Internacionales, entre ellos el Banco Mundial (BM), Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Agencia de Cooperación Alemana (GIZ), Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo (USAID) y la Unión Europea (UE).

El objetivo de la reunión fue  dar a conocer la consultoría que se está llevando a cabo en la institución con el apoyo del BID, sobre la evaluación de medio término y actualización del Plan Estratégico Quinquenal (PEQ) 2015-2019 de esta Entidad Fiscalizadora del Estado Salvadoreño, que tiene como propósito realizar la evaluación externa y presentar propuesta de actualización del Modelo de Desarrollo Institucional y del Plan Estratégico Quinquenal, ajustado al actual contexto institucional, y retos del control externo gubernamental tanto a nivel nacional como internacional.

Asimismo, durante el primer acercamiento con los representantes de Organismos Internacionales, se unificaron criterios de apoyo que permitirán el ajuste al desarrollo del instrumento orientador de la gestión institucional.

A partir del 29 de agosto de 2017, fecha en la que tomaron posesión de sus cargos la Presidente Carmen Elena Rivas Landaverde, la Primera Magistrada María del Carmen Martínez Barahona, y el Segundo Magistrado Roberto Antonio Anzora Quiroz, electos para el período 2017-2020, como titulares de la Corte de Cuentas de la República (CCR), han estado trabajando para sentar las bases de una nueva estructura organizativa y un nuevo modelo de gestión, que brinde celeridad al proceso de fiscalización tanto en su aspecto Administrativo como Jurisdiccional.

Lo anterior, para procurar que la fiscalización sea más efectiva en el control del buen uso de los fondos públicos e implementando mecanismos para evitar casos de caducidad; por lo que podemos asegurar, que en esta administración no se han recibido juicios caducados provenientes de las Cámaras de Primera Instancia; que es la única en la que procede la caducidad a que se refiere nuestra Ley. Con relación, a los Juicios de Cuentas caducados en anteriores administraciones, ya están siendo investigados por la Fiscalía General de la República desde agosto de 2016, Entidad a la que corresponde investigar y deducir las responsabilidades de ley sobre cualquier irregularidad.

La Cámara de Segunda Instancia de la CCR, integrada por los actuales Magistrados, asumió el compromiso de trabajar por reducir los casos pendientes de resolver, de modo que una de las primeras acciones consistió en elaborar un Plan de Trabajo trimestral para diligenciar los procesos más antiguos; asimismo sustanciar los procesos nuevos que ingresan a su conocimiento. Para ello, esta Cámara sesiona permanentemente dos veces por semana.  

Es importante aclarar, que la fiscalización de la Corte de Cuentas se realiza en dos aspectos, el Administrativo por medio de la Auditoría, la cual debe realizarse dentro de los cinco años contados a partir del 01 de enero del siguiente ejercicio fiscal en que se realizaron las operaciones. Y el Jurisdiccional a través del Juicio de Cuentas, dividido en Primera y Segunda Instancia.

Las Cámaras de Primera Instancia conocerán del Juicio de Cuentas en Primera Instancia, tienen dos años para diligenciar y emitir sentencia, así como para notificar a las partes. La Cámara de Segunda Instancia conoce del Recurso de Apelación, las partes tienen tres días hábiles posteriores de notificada la sentencia de Primera Instancia para su interposición. También conoce del Recurso de Revisión, con la particularidad que se debe interponer dentro de los dos años posteriores de ejecutoriada la sentencia, ya sea declarada en Primera o Segunda Instancia. De ambos recursos la Ley de la Corte de Cuentas no señala plazo para resolverlos.

Por otra parte, los actuales Magistrados junto a un equipo técnico, están trabajando en un nuevo Reglamento Orgánico Funcional (ROF), a efecto de armonizar dicho Reglamento a la Normativa actual, tanto en su estructura organizativa, como en las funciones y atribuciones de las dependencias institucionales, para que respondan de mejor manera a las actuales demandas, expectativas y buenas prácticas en materia de gestión pública, fiscalización, transparencia y rendición de cuentas; de tal manera, que esta Entidad Fiscalizadora dé un paso a la modernización para generar valor, credibilidad y confianza en la sociedad Salvadoreña.

Otra decisión importante, es que recientemente se dio inicio a la realización de auditorías a entidades que manejan fondos públicos, que históricamente no han sido fiscalizadas, con el fin de darle cumplimiento al mandato Constitucional de fiscalización sin que haya zonas exentas de control.

Finalmente, esta administración reitera su compromiso de trabajar arduamente para modernizar la Institución y fortalecer su misión Constitucional, que es fiscalizar el correcto uso de los fondos públicos en beneficio de nuestro querido El Salvador.

El boletín informativo de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS), en su edición N° 27, destaca información del trabajo institucional  de la Corte de Cuentas de la República, con relación a la suscripción del Convenio de Cooperación con los países que conforman el Triángulo Norte (El Salvador, Guatemala y Honduras). Este convenio tiene como objetivo implementar y mantener vigentes mecanismos de intercambio de procedimientos y sistemas que permitan garantizar el buen uso de los recursos del Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte (PANTN).

Entre los temas que también se destacan, se encuentran la firma de adenda entre la Corte de Cuentas de la República y la Contraloría General de la República Chile y las gestiones de alianzas estratégicas realizadas por la institución con  los organismos internacionales: Unión Europea, la Agencia Internacional de Desarrollo (USAID) y de la Agencia de Cooperación Alamana (GIZ).

Consulte la edición del Boletín N° 27 de la  OLACEFS en el siguiente enlace:  https://goo.gl/qDGjyj

La Corte de Cuentas de la República, en coordinación con la Superintendencia de Competencia, desarrollaron dos jornadas de capacitación, denominada ‘’Detección de Ofertas Colusorias’’ y dirigida a servidores de esta Entidad Fiscalizadora.

 Entre los objetivos de la capacitación se destacaron los siguientes:

• Sensibilizar a los servidores de la CCR de los efectos negativos que traen consigo los carteles en las compras públicas y lo que significan en pérdida de fondos públicos.
• Dar a conocer las recomendaciones de la Superintendencia de Competencia, en opiniones emitidas sobre licitaciones públicas y poder aplicarlas y difundirlas, para el uso óptimo de los recursos mediante la competencia.
• Alentar a ser gestores de la competencia en las compras públicas, utilizando las evaluaciones y recomendaciones de la Superintendencia de Competencia como una oportunidad para difundir los beneficios de la rivalidad.
• Que los servidores incorporen una perspectiva de competencia en el análisis de bases de licitación y de las licitaciones públicas, a fin que sean capaces de identificar las posibles barreras u obstáculos a la entrada de participantes o que reduzcan las condiciones de rivalidad, para promover procesos más competitivos.
• Fomentar un intercambio constante y mejorar la coordinación de los servidores de la CCR con la SC, el cual facilite, de ser el caso, la detección de posibles prácticas anticompetitivas.

La Superintendencia de Competencia como parte de su mandato  promueve y garantiza la competencia, realizando esfuerzos para incorporar principios de competencia en las compras públicas, que favorezcan la entrada de más participantes y generen mayores condiciones de rivalidad y evitar así, arbitrariedades o desperdicios en el uso de los fondos públicos.

Un total de 165 servidores de la institución fueron capacitados por los consultores de la Superintendencia, licenciados, David López, Mónika Hasbún y María Elena Bertrand.

El evento se llevó a cabo en los días 20 y 21 de marzo en un hotel capitalino.

{gallery}OFERTASCOLUSORIAS{/gallery}

Las Entidades Fiscalizadoras Superiores de El Salvador y del Perú suscribieron un Convenio de Cooperación que busca establecer un  marco general para desarrollar y facilitar la cooperación interinstitucional en materias de interés común, dentro del contexto de sus roles, funciones y disposiciones legales que les sean aplicables a cada una de las entidades en su respectiva jurisdicción.

El compromiso adquirido por ambas Entidades tuvo lugar en la capital salvadoreña el lunes 19 de marzo del presente año,  durante evento presidido por el Organismo de Dirección de la Corte de Cuentas integrado por la Presidente Carmen Elena Rivas Landaverde; la Primera Magistrada María del Carmen Martínez Barahona y el Segundo Magistrado Roberto Antonio Anzora Quiroz.

El Convenio firmado por la Presidente Carmen Elena Rivas Landaverde y el Contralor General del Perú, señor Nelson Eduardo Shack Yalta, establece la cooperación mutua en los siguientes ámbitos:

• Asesoría: se realizará mediante asistencia técnica específica con la participación de profesionales con acreditada calificación y experiencia en las diversas áreas del control gubernamental.
• Capacitación: consiste en el desarrollo de actividades académico-profesionales como conferencias, seminarios, talleres, cursos, maestrías y programas específicos de formación y entrenamiento, en materia de control gubernamental.
• Intercambio de información y buenas prácticas, en auditorías coordinadas, auditorías concurrentes y auditorías medioambientales, entre otras materias.

El acuerdo se realiza teniendo como base los principios de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS) y la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), que tiene entre sus propósitos fundamentales, lograr la cooperación técnica y el intercambio de conocimientos y experiencias entre sus miembros.  La  vigencia del convenio es  a partir de la fecha de su suscripción y será de duración indeterminada.

En el mismo evento, el Contralor General de la República de Guatemala, señor Carlos Mencos Morales, también firmó un acuerdo de cooperación con su par de la Contraloría General del Perú, en el marco del apoyo interinstitucional entre Entidades Fiscalizadoras de la Región.