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El Segundo Magistrado de la Corte de Cuentas de la República (CCR), Julio Guillermo Bendek Panameño y su asesor Alexander Efraín Ticas, participaron como panelistas del módulo II de la cuarta edición del Diplomado en Prevención y Combate Sistémico de la Corrupción denominado “Ética e integridad en la gestión pública”. Este proceso formativo es organizado por el Tribunal de Ética Gubernamental y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

Los representantes de la CCR desarrollaron los temas “Profesionalización como pilar de la administración pública en el siglo XX: breves perspectivas desde el ordenamiento jurídico” y las “Experiencias de la Corte de Cuentas de la República de El Salvador sobre el tema de profesionalización enfocado al desarrollo de capacidades institucionales”.

En su intervención, el Magistrado Bendek Panameño puntualizó “como servidores públicos necesitamos especializarnos siempre y también practicar la sencillez, madurez y humildad, esa es una de las tantas claves del éxito que puedan tener en el desarrollo de sus funciones dentro de sus instituciones”.

En este diplomado participan 15 instituciones, entre las cuales está la CCR, la Corte Suprema de Justicia, Fiscalía General de la República, Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, Consejo Nacional de la Judicatura, Procuraduría General de la República, Instituto de Acceso a la Información Pública, Registro Nacional de las Personas Naturales y la Superintendencia del Sistema Financiero.

Ciento seis servidores públicos fueron capacitados en las tres ediciones anteriores y con esta cuarta edición, inaugurada en abril, se está dando la oportunidad a los asistentes de identificar desafíos y prioridades a nivel nacional en materia de prevención y lucha contra la corrupción, así como intercambiar buenas prácticas relacionadas con la ética, integridad y transparencia.

 

La Primera Magistrada, María del Carmen Martínez Barahona, el director de Planificación y Desarrollo Institucional, Leonidas Ordóñez y la jefa del Departamento para la Modernización y Gestión de la Calidad, Xenia Aguirre de Alas, miembros del Consejo de Calidad Institucional participaron en la conferencia “Normas de Gestión ISO de Cumplimiento y Antisoborno”, organizada por la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) y la empresa CRV Soluciones Sustentables de Negocio.

Previo a la ponencia, el director de AENOR Centroamérica, Arnulfo Pino, explicó que, a raíz de la reciente aprobación de la Ley de Compras Públicas, las entidades están obligadas a contar con una certificación internacional, y para sustentar su afirmación citó el  artículo 16 de dicha normativa que determina lo siguiente: “Las instituciones que establezca el Reglamento de esta Ley, deberán tramitar, obtener y mantener la Certificación y Acreditación de la Norma Anti-Sobornos, de conformidad a los estándares internacionales de gestión de la calidad existentes”.

La conferencista mexicana, Monserrat Figueroa, por su parte, señaló la importancia de que las instituciones incluyan un sistema de gestión antisoborno en sus procesos de calidad, a fin de fortalecerlos y evitar posibles actos de corrupción.

También asistieron a esta conferencia representantes del Centro Nacional de Registros y del Ministerio de Obras Públicas, entre otras entidades gubernamentales. 

La Corte de Cuentas de la República presentó 10 avisos ante la Fiscalía General de la República, por el presunto cometimiento de ilícitos en el uso de recursos públicos asignados a igual número de municipalidades para atender la pandemia por COVID-19 y las tormentas tropicales Amanda y Cristóbal, de acuerdo con los decretos legislativos 650 y 687, cuyo monto total cuestionado asciende a $7,110,990.68.

Los fondos fueron asignados a cuatro alcaldías del departamento de San Salvador, tres de San Vicente, una de Chalatenango, una de Cuscatlán y una de La Libertad, mientras que los períodos observados en las auditorías corresponden a gestiones municipales que iniciaron el 1 de mayo del 2018 y finalizaron el 30 de abril del 2021.

Entre las observaciones hechas destacan la erogación de fondos para pagos de proyectos, así como adquisiciones de productos y servicios que no estaban relacionados con la pandemia; traslado de fondos COVID-19 a cuentas del FODES para pagos de planillas de salarios, dietas, gastos de representación, compensaciones económicas; así como no se encontraron evidencias de los procesos de compras y se detectaron deficiencias en las licitaciones.

Con dichos avisos se da cumplimiento al artículo 8-A, numeral 6 de la Ley de la CCR que establece la obligación de “comunicar inmediatamente por medio del funcionario que esta designe al Fiscal General de la República, de los posibles ilícitos penales que se adviertan en razón del ejercicio de las atribuciones de la Corte.”

Los posibles ilícitos denunciados se refirieron a actos arbitrarios, administración fraudulenta y malversación, entre otros.

 

Los departamentos de Acceso a la Información Pública y de Informática presentaron a los miembros del Organismo de Dirección el nuevo Sistema de Gestión de Solicitudes de Información (SIGESI), que permitirá diligenciar de manera más ágil el procedimiento de acceso, clasificación y remisión de información y de datos personales, que le sean requeridos a la Corte de Cuentas de la República por parte de la ciudadanía.

Dicha herramienta tecnológica fue diseñada en aproximadamente cuatro meses y forma parte de las acciones para automatizar los procesos administrativos, incrementando así la eficiencia institucional para alcanzar mayores niveles de satisfacción de los usuarios, según la planificación estratégica de la CCR.

De acuerdo con lo expresado por el Lic. Álvaro Renato Huezo, jefe interino del DAIP y Oficial de Información, para la creación del SIGESI las unidades organizativas involucradas contaron con el apoyo del Equipo de Procesos y del Comité de Calidad de Soporte y Administrativos. 

El sistema presentado recibió el visto bueno de las autoridades superiores por lo que ya puede ser implementado por el DAIP para consolidar la información, generar informes internos y externos, contabilizar requerimientos, llevar el control estadístico y registrar costos automáticos de cada solicitud de información.

 

Representantes de la Corte de Cuentas de la República (CCR), el Tribunal Superior de Cuentas de Honduras y de la Contraloría General de Cuentas de la República de Guatemala participaron en una jornada virtual de intercambio de experiencias sobre fiscalización de compras públicas, coordinada por la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS), con el apoyo técnico de la Cooperación Alemana (GIZ).

En la videoconferencia, por la CCR participaron el coordinador general de auditoría, Adán Tomás Zavaleta, el jefe de la Oficina Regional de Santa Ana, Arturo Iván Escobar y la directora de auditoría cuatro, Morena Yanileth Carballo, quienes conversaron sobre el abordaje, enfoques y desafíos al auditar compras gubernamentales, en el marco de la lucha contra la corrupción.

La OLACEFS informó que esta jornada servirá como la antesala a un nuevo curso virtual sobre la fiscalización de compras públicas, que desarrollarán con el apoyo del Proyecto Regional “Fortalecimiento del Control Externo para la Prevención y Lucha Eficaz contra la Corrupción” con el apoyo de Alliance for Integrity.

En el caso de El Salvador, la Asamblea Legislativa aprobó el pasado 25 de enero la Ley de Compras Públicas, que dejó sin efecto la Ley de Adquisiciones y Compras de la Administración Pública (LACAP), dicha normativa fue publicada el 2 de marzo en el Diario Oficial y entró en vigencia el 10 de marzo del presente año.

 

El Presidente de la Corte de Cuentas de la República (CCR) y de la Organización Centroamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OCCEFS), Roberto Antonio Anzora Quiroz participó en la LXXVI Reunión del Consejo Directivo de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS), donde informó el trabajo realizado en 2022 por el Comité Asesor Jurídico (CAJ) y la Comisión de Evaluación del Desempeño e Indicadores de Rendimiento (CEDEIR).

El Presidente Anzora Quiroz informó que estando al frente del CAJ en el año 2022 se hizo la revisión y análisis de las recomendaciones y conclusiones de modificación del Reglamento de la OLACEFS, acordadas en la LXXV Reunión de este organismo, y se brindó información a través de una encuesta en la que se recopilaron datos y se hizo el análisis de las presidencias de los órganos técnicos de la misma.

En cuanto al trabajo desarrollado al frente de la CEDEIR destacó la promoción y facilitación de la aplicación de la herramienta denominada Marco de Medición del Desempeño (MMD) en las EFS de la región; y el monitoreo de la implementación de los planes de acción derivados de las evaluaciones de las MMD de las EFS, entre otras. 

El Lic. Anzora Quiroz señaló que su mandato en el CEDEIR culminó en diciembre de 2022 y que la presidencia fue trasladada en enero de este año a la EFS de Argentina.

 

Delegada por el Organismo de Dirección, la subdirectora de planificación y desarrollo institucional, María Eugenia de Auerbach, participó en una reunión virtual transmitida desde Argentina, en la que se hizo la presentación del Plan de Trabajo 2023-2025 de la Comisión de Evaluación del Desempeño e Indicadores de Rendimiento (CEDEIR), de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS).

La videoconferencia que contó con la participación de representantes de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) de México, Guatemala, Curazao, Costa Rica, Ecuador, Perú, Brasil, Republica Dominicana, Chile, Colombia y Argentina permitió la realización de un diagnóstico para actualizar el mapeo de las EFS que requieren repetir o que están interesadas en aplicar, por primera vez, el Marco de Medición del Desempeño para Entidades Fiscalizadoras Superiores (MMD-EFS).  

El MMD-EFS brinda a los entes un marco para la evaluación voluntaria de su desempeño respecto a las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI) y a otras buenas prácticas internacionales establecidas en materia de auditoría pública externa. Es un marco universal con múltiples objetivos que se puede aplicar a todo tipo de EFS, independientemente de su estructura de gobierno, mandato, contexto nacional y nivel de desarrollo.

En la actualidad, el MMD-EFS llega hasta el ámbito “F” con 24 indicadores y está planteada la posibilidad de crear un ámbito “G” que permita evaluar el impacto de los resultados de las auditorías.

Según trascendió en esta reunión, a mediados del presente año se tiene programada la realización del seminario “Intercambio de buenas prácticas y foro de discusión para la interpretación de los criterios”, en el que se espera la participación de panelistas que poseen experiencia en la ejecución del MMD-EFS.

 

La Primera Magistrada, María del Carmen Martínez Barahona y la directora del Centro de Investigación y Capacitación (CINCAP), Gladys Celina Gálvez participaron en la Reunión Anual del Comité de Creación de Capacidades (CCC) 2023 de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS), realizada en Ecuador del 17 al 20 de abril.

Este encuentro, tuvo como objetivos: capacitar a las EFS en la línea de la Declaración de Río, aprobada en el XXIV INCOSAI; desarrollar reuniones para mejorar alianzas globales y regionales en capacitación; fortalecer la relación entre el CCC y las instancias de la INTOSAI e instituciones cooperantes; dar seguimiento de las actividades del Plan de Capacitación y Plan Operativo Anual 2023 y seguimiento a la ejecución de las actividades de las Fuerzas de Tarea de dicho comité.

En el acto de inauguración, la Mtra. Martínez Barahona formó parte de la mesa de honor junto al ministro del Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil, representante de la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI) y presidente del CCC, Augusto Nardes; el Contralor General de Ecuador, Carlos Alberto Riofrío; el director adjunto de la Fundación Panamericana para el Desarrollo, Joaquín Vallejo Loreto; y Rubén Darío Cardozo, subcontralor General de Bolivia.

“Somos fieles creyentes de que las capacidades deben fomentarse, deben fortalecerse en nuestras Entidades Fiscalizadoras Superiores, porque de esa manera podemos cumplir nuestro mandato Constitucional de fiscalizar los recursos públicos y, por supuesto, garantizarle a la ciudadanía que los recursos sean invertidos efectivamente en la solución de sus necesidades más sentidas”, manifestó la Primera Magistrada, en su intervención en la ceremonia de inicio de dicha reunión.

 

En aras de contribuir al fortalecimiento de la administración pública, el presidente de la CCR, Roberto Antonio Anzora Quiroz, asistió a la misa solemne y acto de iluminación de la Catedral Nuestra Señora Santa Ana, organizado por el alcalde de esa ciudad, Gustavo Acevedo.

En la ceremonia de iluminación de la joya arquitectónica estuvieron presentes, además del presidente Anzora, el Nuncio Apostólico, Luigi Roberto Cona, el obispo de la Diócesis de Santa Ana, Miguel Ángel Morán Aquino; el alcalde Gustavo Acevedo, la ministra de Cultura, Mariemm Pleitez, la vicepresidente de la Asamblea Legislativa, Suecy Callejas y diputados.

La colocación de 246 luminarias fue un esfuerzo articulado entre la municipalidad, la Iglesia Católica y la Dirección Nacional de Patrimonio Cultural, que revisó y supervisó los proyectos, a fin de cumplir con la Ley especial de Protección al Patrimonio Cultural.

En 1906 fue colocada la primera piedra para la construcción del templo católico y en 1908 se le dio el nombramiento de Catedral. En 1995 la Asamblea Legislativa le otorgó el rango de Monumento Nacional.

Con la participación del director de Auditoría Cinco, Edgar Romero y del técnico de Presidencia de la Corte de Cuentas de la República, Boris José Alvarado, se desarrolló en la República de Chile, el Taller de Política Regional para la Prevención y Lucha Contra la Corrupción de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS).

Durante el taller se sometieron a votación 83 recomendaciones de la Política Regional referidas a los ejes de control externo e interno, así como de coordinación y de cooperación. Las Entidades Fiscalizadoras Superiores participantes tienen la potestad de aprobar, modificar o suprimir dichas recomendaciones.

La presencia de los licenciados Romero y Alvarado forma parte de los objetivos de la CCR de fortalecer las capacidades de su talento humano en materia de fiscalización, mediante el intercambio de conocimientos y experiencias con otras entidades de la región.

Dicho taller es coordinado por la Contraloría General de la República de Chile que también preside la Comisión Técnica de Lucha contra la Corrupción Transnacional (CTCT) de la OLACEFS.

 















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